El País, 30 de septiembre de 2005
La decisión de Zapatero de enviar 720 soldados a apoyar la labor de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla responde a la urgencia del caso, pero entraña considerables riesgos.
No se puede esperar con los brazos cruzados hasta que terminen en febrero las obras de elevación de las vallas en Melilla y en Ceuta. Posiblemente no hay más efectivos de los que tirar ante la carencia de fuerzas de la Benemérita. Pero ni los legionarios ni los regulares disponen de material y experiencia para unas labores que son esencialmente de orden público y de control de fronteras, y no de defensa nacional o internacional. Una militarización del problema podría incluso agravarlo y darle un tinte colonial.
Debe aclararse rápidamente de dónde procedían los disparos que causaron la muerte a los cinco subsaharianos que perecieron cuando trataban de saltar la valla de Ceuta. Y, más allá de los convenios firmados, es necesario que Europa se vuelque mucho más en ayudar a Marruecos y a otros países a frenar este flujo masivo de inmigración ilegal en sus fronteras exteriores.
En todo caso es perentoria la colaboración entre los dos países en todos los órdenes, pero especialmente en la lucha contra la inmigración ilegal, con un control conjunto “determinado y firme” como anunció ayer Zapatero.
La nueva Ley de Defensa, que aún no está en vigor pero que acaba de aprobar el Congreso, no obliga al Gobierno a consultar y pedir la autorización parlamentaria para este tipo de despliegues. Pero Zapatero debe dar urgentemente una explicación detallada de lo ocurrido, de la decisión de enviar tropas a Ceuta y Melilla y de las medidas adoptadas para que tragedias como ésta no vuelvan a repetirse.
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