Hemeroteca de la UGT
Según unas declaraciones (febrero de 2005) realizadas por el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, “la economía sumergida en España podría situarse entre el 20 y el 25% del PIB”, aunque admitió que es muy complicado establecer con exactitud ese porcentaje.
A su vez, la Comisión Europea estimaba en uno de sus informes que la economía sumergida en el Estado español había ido ampliándose: un 15% del PIB en 1998, y un 22% en el año 2000. España, junto a Portugal y Bélgica, se situaba entre los países con niveles más elevados de economía sumergida dentro del conjunto de la UE-15. El nivel más alto correspondía a Grecia, con un 30% del PIB, en tanto que Alemania y Francia se hallaban en un espacio intermedio, con cerca del 10%.
La bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de 130.000 millones de euros.
El colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) sostiene que si las bolsas de fraude existentes en España se erradicaran, la Agencia Tributaria podría obtener una recaudación adicional de hasta 30.000 millones de euros, derivados de aplicar el índice de presión fiscal por impuestos de 2004 a la cifra total de la economía sumergida.
Para el secretario general de Gestha, Joaquín del Moral, estas cantidades son claros indicadores de la importancia de los recursos que las arcas públicas dejan de ingresar debido a la deficiente organización de la Agencia Tributaria. “Pensamos que el ‘Plan de prevención de lucha contra el fraude’ presentado por el Gobierno es borroso y precipitado, pero también valiente, ya que reconoce el serio problema de las bolsas de fraude existentes en nuestro país y plantea nuevas medidas para erradicarlas”, expone Del Moral.
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