Javier Ortiz
Blair ha sufrido su primera derrota parlamentaria desde que vive en Downing Street. Una cuarentena de diputados laboristas le dio la espalda y votó en contra del proyecto de ley que pretendía elevar a 90 días el tiempo en el que la policía británica puede tener detenida a una persona sin formular contra ella ninguna acusación. Al final, se aprobó que el máximo será de 28 días.
Dice el sarcástico corrido mejicano: “El día en que la mataron, Rosita estaba de suerte. De seis tiros que le dieron, no más uno era de muerte”. Pues esto es lo mismo. ¡Sólo 28 días! ¡Cuatro semanas a disposición de unos servicios antiterroristas de cuya falta de escrúpulos hay sobradas pruebas! Tony Blair debería explicar por qué cree que para luchar eficazmente contra el terrorismo es necesario escapar del control judicial. Resultaría sumamente esclarecedor.
La norma de los 28 días forma parte de una más o menos visible quiebra del Estado de derecho en Gran Bretaña. Si la policía escapa del control del poder judicial para convertirse en la práctica en un instrumento del poder ejecutivo, lo que se va al garete es el equilibrio de poderes. Desaparecido el ‘hábeas corpus’, lo que se instaura es la indefensión del ciudadano.
No ignoro la importancia política que tiene la derrota parlamentaria de Blair y el hecho de que un buen puñado de los parlamentarios de su grupo se le hayan rebelado. Admito que bien puede ser un signo de su ocaso político, demostrativo de las ganas que no pocos laboristas tienen de que se vaya con viento fresco; él y sus esfuerzos por demostrar que un laborista puede ser incluso más reaccionario que un conservador.
Pero me anonada que se esté tomando como un signo de progresismo la aprobación de una ley que permite a la policía disponer a su aire de los detenidos durante cuatro semanas. Que se aplauda con alborozo al saber que de los seis tiros que les van a dar no más uno será de muerte.
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