Globalización y Estado de las autonomías
Mariano Nieto Navarro
Una de las características de la globalización real que
estamos viviendo es la consolidación de empresas de un tamaño cada vez mayor.
Gracias a la liberalización de los flujos financieros a escala internacional,
los avances en las nuevas tecnologías, las comunicaciones, el transporte y la
logística, estas empresas son capaces de operar en medio mundo. Y de
condicionar a los Gobiernos nacionales para que “suavicen la presión” fiscal o
“flexibilicen” las condiciones de trabajo, merced al chantaje encubierto de la
mengua de las inversiones o incluso de la desinversión (lo que incluye
eventuales deslocalizaciones).
Ante la amenaza de la desinversión y de la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, los países se han lanzado a una carrera a la baja, desde hace años, para ver quién ofrece mejores “incentivos” a la inversión de capital local y extranjero. Estos “incentivos” no son ni más ni menos que una disminución de los tipos fiscales sobre las rentas del capital; un aumento de ayudas y desgravaciones para las empresas; y una progresiva “reforma” laboral, siempre con el efecto de abaratar los despidos y los costes empresariales de la seguridad social.
Y todo ello sin que esté demostrado que exista correlación
alguna entre las generosas exenciones de impuestos a las empresas y el aumento
de las inversiones. Por el contrario, los estudios muestran más bien que las
empresas que se benefician de tal “generosidad”, en general, devuelven el favor
reduciendo sus inversiones y marchándose a otros países. (Ver un reciente
informe de la CIOSL en ‘www.icftu.org’).
Es en esta carrera donde se enmarca la mini-reforma fiscal
de Solbes, con la que se incumplen los compromisos electorales del PSOE y se
sigue sin abordar la equiparación de las rentas del capital con las del
trabajo. Permitiendo así la reducción desproporcionada —legal, pero inmoral— de
los impuestos a los más ricos por la utilización de sociedades instrumentales.
Esa misma amenaza permite la existencia de los llamados paraísos fiscales, con sus sociedades eximidas y sus cuentas bancarias numeradas.
Precisamente por la presión de las élites económicas y de
las empresas multinacionales, los paraísos fiscales son tolerados por la
comunidad internacional; a pesar de los evidentes perjuicios que producen a los
Estados (más a los que siguen aún en vías de desarrollo) en forma de miles de
millones en impuestos evadidos, y por tanto robados a la ciudadanía de esos
países. En España este tema está de rabiosa actualidad por la corrupción
inmobiliaria en Marbella y sus conexiones con el paraíso fiscal de Gibraltar.
En tanto no existan instancias de gobierno mundial que puedan poner coto a la irresponsabilidad social de las multinacionales y de las élites financieras mundiales, es un hecho que los ciudadanos sólo tienen dos armas para la defensa de sus intereses y de sus derechos, ante los abusos del poder fáctico de esas empresas globalizadas: la opinión pública, traducida en pérdida de imagen y, por tanto, de ventas para dichas entidades; y la acción regulatoria de Gobiernos nacionales fuertes, democráticamente elegidos.
Esta acción regulatoria quedará limitada, lógicamente
—mientras los Gobiernos sigan siendo puramente nacionales—, al territorio de
cada Estado. Pero los Gobiernos también pueden y deben utilizar su política
exterior para propiciar acuerdos internacionales que obliguen a las empresas
globales a mirar por el beneficio común, y no sólo a sus cuentas de resultados.
Pero tanto el primer instrumento —la opinión pública— como
el segundo
—la acción regulatoria de los Estados— dependen para su éxito de la implicación
activa de los ciudadanos en los medios y en las urnas. Y del tamaño, cuanto
mayor mejor, de los grupos y de los Gobiernos que en el día a día se enfrenten
a estos poderes fácticos.
En lo que se refiere a la opinión pública, cuantos más ciudadanos en más países rechacen determinadas prácticas de las empresas globales, mayor será la presión sobre las mismas para que mantengan los estándares laborales y unos niveles de inversión aceptables en los países donde operan.
De aquí la importancia de que los partidos políticos, ONGs y
asociaciones de consumidores intercambien información y coordinen su actividad
a escala internacional, informando a los ciudadanos de las malas prácticas de
las empresas. Es preciso recoger la información a escala local, autonómica y estatal.
Pero para que esta información sea un arma a favor de la justicia en todos los
países, es necesario compartir dicha información y actuar en el ámbito
supraestatal.
En lo que se refiere a la acción regulatoria y a la
influencia internacional, cuanto más alto y más extenso sea el Gobierno con el
que tengan que medirse las empresas y los poderes financieros, mayor será la
independencia y menor la vulnerabilidad de dicho Gobierno a las presiones de
los poderes económicos globales. Veamos algunos ejemplos.
En España casi nos hemos acostumbrado a la corrupción municipal en el proceso de calificación del suelo, por la larga mano de inmobiliarias y constructoras alimentadas por el flujo internacional de capitales. Cada vez resulta más evidente que el poder municipal es demasiado débil, demasiado pequeño, para defender el bien común de los ciudadanos frente al interés y la presión de estas empresas.
Y más mientras los Ayuntamientos sigan infrafinanciados por los impuestos estatales. Y sigan recurriendo como locos a los ingresos seguros de las licencias indiscriminadas de construcción, tratando de recaudar lo suficiente para atender a todos los servicios que reclaman los vecinos.
De por sí, el tamaño de los gobiernos municipales es demasiado pequeño frente al poder de la especulación inmobiliaria. Debemos plantearnos si las competencias de calificación de los usos del suelo en España no deberían pasar al nivel del Estado central. Pues las propias Comunidades autónomas, que tienen actualmente poder de supervisión y enmienda de lo que hacen los Ayuntamientos, no se están enfrentando tampoco (o lo hacen sólo en casos contados) a los evidentes y generalizados abusos de las empresas en este sector.
Esto no debería verse como una agresión a la autonomía
municipal o regional, sino como acumulación de fuerzas a favor de los
ciudadanos para poder combatir estos efectos indeseables de la globalización
real.
Otro ejemplo. Algunas multinacionales de la automoción, que en los años sesenta del pasado siglo deslocalizaron su producción desde los países europeos centrales para abrir fábricas en España, llevan años forzando convenios laborales a la baja; y obteniendo múltiples subvenciones de los Gobiernos autónomos a cambio de no deslocalizar, ahora, sus fábricas hacia otros países con “menores costes de producción” (léase: menos impuestos, salarios más bajos, menores beneficios sociales y legislación laboral más laxa).
Las deslocalizaciones no tienen por qué ser siempre perjudiciales o negativas, a condición de que se negocien y se planifiquen adecuadamente. Pero la experiencia de los últimos años demuestra que las Comunidades autónomas, en este caso, son demasiado débiles para contrarrestar este “chantaje” empresarial. Y que una negociación de ámbito estatal (o incluso europeo) garantizaría mejores resultados para el conjunto de la población. Porque las partes en discordia contarían con fuerzas de parecida magnitud.
Aquí sería necesario sustraer determinadas competencias a
las Comunidades autónomas, en materia de política industrial y de fiscalidad,
para conseguir una mejor defensa del interés general. De nuevo, no se trata de
restringir las competencias de las Comunidades autónomas desde presupuestos
ideológicos centralistas o de nacionalismo españolista, sino de acumular
fuerzas a favor de los ciudadanos para poder enfrentarse, a escala del Estado,
a estos efectos perjudiciales de la globalización real.
Un último ejemplo: el de los ya mencionados paraísos fiscales. En este caso parece también evidente que los Estados nacionales no pueden luchar de manera individual contra este fenómeno: tales “paraísos” reciben el apoyo de los grandes poderes económicos y financieros. El Estado que pretenda enfrentarse en solitario a este problema, corre el riesgo de espantar capitales e inversiones. Aquí necesitamos una resuelta acción exterior de los Gobiernos nacionales y unas instancias supranacionales fuertes. Para aprobar tratados internacionales al respecto... y para hacerlos cumplir por todos los países.
No se entiende que la UE siga permitiendo la existencia de
numerosos paraísos fiscales en Europa (algunos incluso en territorio de la
Unión) y que no se haya producido una presión fuerte sobre la Comisión Europea
por parte de los Gobiernos nacionales. Hasta la fecha, la UE ha renunciado a
involucrarse a fondo en la erradicación de esta lacra que afecta al corazón
mismo de la libre competencia en su propio interior.
Como vemos, la regla de la subsidiariedad —que los asuntos se decidan en el nivel institucional más bajo posible— no es siempre garantía de que el interés general sea defendido suficientemente.
La descentralización y la autonomía política son
recomendables para muchas cosas. Pero en lo que se refiere a combatir
determinados efectos indeseables de la globalización puede ser preciso subir de
nivel. Sin que tal hecho merezca ser interpretado por los Ayuntamientos, las
Comunidades autónomas o los Estados nacionales de la UE como un vaciamiento de
competencias. Lo deberíamos tener presente en el proceso de integración europea
y en el de reforma de los Estatutos de autonomía en los que estamos inmersos.
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