¿Se
adaptarán pasivamente los afiliados a todo lo que llegue de arriba? No creo que
vaya a suceder tal cosa. Un partido sin el afán entusiasta de su gente,
compuesto por camarillas de políticos profesionales y sus secuaces o clientes,
aparecería de inmediato como un partido perdedor.
Si el PP no ha digerido la derrota, el PSOE de José Blanco no ha digerido la victoria. Precisamente en marzo fue cuando la espontaneidad del pueblo y de los anteriores abstencionistas sorprendió con su civismo tanto a los neoconservadores-neofascistas del PP como a los burócratas del PSOE (a los del talante y a los “enchufados” del periodo felipista).
Con la palabra ‘centro’ se enmascaran bastantes tropelías.
Retengamos lo dicho por Borrell en cierta ocasión:
“Me sitúo en el centro de la izquierda”.
Siempre podría decirse aquello de que un fallo lo tiene cualquiera. Sería, sin embargo, preocupante que estos fallos revelaran otras tendencias de fondo del PSOE. Como, por ejemplo, la resistencia a tomarse en serio un combate de ideas con argumentos sólidos como instrumento de acción política.
La
izquierda ha ido desembocando en un pensamiento candoroso. En vaguedades
bienintencionadas de aceptación universal e indiscutible sobre la paz, el
diálogo entre pueblos y culturas, el intervencionismo humanitario y la
solidaridad en la Tierra. En coartadas emocionales propias de una sociedad
acomodada, carente de moral para ir a la raíz de los problemas y de afrontar
las disyuntivas, a veces dramáticas, que su solución requiere.
Una cosa es la economía y otra cosa es la economía de tipo capitalista. No hay que confundirlas. Ningún remedio vendrá de producir más, ni en China, ni en Alemania, ni en España. El capitalismo produce artilugios superfluos y los vende muy caros a los operarios a los que retribuye muy poco.
No es razonable “adelgazar” el Estado de bienestar en Alemania. Es razonable poner más medios de pago a disposición de los trabajadores chinos y españoles. ¿Y si en Alemania se modifican las pautas de producción? No se trata de “competir”, sino de poner a la venta bienes (productos y servicios) de verdad indispensables.
La Revolución Francesa es el acontecimiento señero que en la periodización histórica marca el comienzo de la contemporaneidad. Lo que hace de la Revolución Francesa el acontecimiento iniciador y a la vez característico de nuestra era, es la irrupción de las masas pobres en la política. Desde entonces, las masas populares —el populacho, la plebe, el proletariado, el pueblo— no abandonarán la historia. Todas las fuerzas políticas se verán, en lo sucesivo, en la necesidad de asumir la centralidad de ese acontecimiento: para servir a su liberación, para servirse de ellas como instrumento y aliado subalterno, o para aterrorizarlas.
Esa irrupción de los pobres en la política culmina con la constitución del primer régimen político democrático desde la antigüedad clásica: la República democrática jacobina de 1793.
Dos rasgos confieren singularidad a este proyecto político: la democracia jacobina surge en lucha, y como alternativa, contra el capitalismo, que trata de instaurar su régimen económico tras la abolición del Antiguo Régimen, señorial y absolutista. El otro rasgo consiste en que la nueva República Democrática propone fórmulas para ser aplicadas no ya en una sola ciudad, sino en un conjunto de espacios (un país con 23 millones de habitantes).
El tiempo presente plantea un reto que no tuvieron que asumir los jacobinos: construir una nueva cultura autónoma como medio para crear el nuevo sujeto. La democracia jacobina nacía de una cultura autónoma existente, la “economía moral de la multitud”.
Pero todo, en la historia, ha sido siempre, para bien y para mal, obra de los seres humanos. Todo lo que es pensable y proferible mediante la palabra —las aladas palabras—, puede ser comunicado públicamente, colectivamente acordado, y realizado... Y nada hay que sea más sólido que eso: poder es capacidad intelectual de orientar la actividad mediante ideas y valores.
Nuestros enemigos son mucho más conscientes que nosotros de que la democracia es una idea peligrosa, cuyo conocimiento invita a su realización. De que democracia es palabra pública y trabajo para persuadir, de que a la acción se llega mediante el debate y la palabra. Y de que, de todo eso, tenemos de sobra.
El paisaje
político actual necesita ya orden y, sobre todo, sinceridad con los ciudadanos.
Durante el periodo denominado “transición democrática”, la orografía de las
formaciones políticas era mucho más fiel a la realidad y confundía menos al
electorado. La extrema derecha tenía su lugar, compartido entre la Fuerza Nueva
de Blas Piñar y la Alianza Popular de Manuel Fraga,
mientras UCD era la formación de centro-derecha. Se sabía mejor quién era
quién.
Pero la
desaparición de UCD y el fracaso del CDS hicieron que las derechas se
reorganizaran en un frente común, bajo el nombre de Partido Popular y el
liderazgo del entonces joven José María Aznar,
destinado a superar de una vez el techo de votos al que podía llegar Fraga. El
PP se convirtió en un monolito conservador, compuesto de, al menos, dos
sensibilidades que se llevaban bien, pues compartían el objetivo de echar al
omnipotente Felipe González. Conservadurismo liberal y extrema derecha
franquista estaban de acuerdo.
Pero todo cambia
tarde o temprano. Un partido sin democracia interna, de estructura piramidal,
caciquil y macrocefálico, como es el PP, tiene que
hacer aguas en momentos de derrota electoral. Y esto es lo que ocurre ahora.
Si Gallardón fuera capaz de liderar un partido político de
derecha moderada, captaría buena parte de la sensibilidad de un electorado que
actualmente vota al PP, pero con reticencias; como incluso sería capaz de
seducir a parte de los votantes “socialistas”.
Acebes,
Aznar, Rajoy, Esperanza
Aguirre, Loyola de Palacio, el sector Opus Dei, y otros muchos, seguirían un espíritu más próximo a la
extrema derecha, heredero de las citadas Alianza Popular y Fuerza Nueva. (Zaplana quedaría a la espera de ver qué opción promete
más).
Así, el
confuso espacio político que actualmente ocupa el PP, sería mucho más fiel a
los ciudadanos, ya que sabríamos mejor quién es cada uno. Por ello reivindico
la necesidad de una formación de extrema derecha y ultranacionalista
española, al estilo de los grupos franceses, italianos o austriacos; para que
los electores que lo decidan, puedan elegir su opción con libertad y no haya
confusiones.
De este
modo los grandes medios de comunicación tendrían un mayor campo de alianzas. Es
bueno que se diversifiquen y se identifiquen las opciones políticas, sobre todo
si responden a “talantes” y contenidos ideológicos diferentes.
Si en
España hay políticos que ejercen prácticas fascistas o neofranquistas
y ultranacionalistas, es legítimo que se presenten
bajo unas siglas que así lo manifiesten, con toda libertad. Igualmente sería
legítimo que se equipararan las no condenas de la violencia, y que ambas
obtuvieran la misma respuesta desde el Estado.
Lo que
planteas sería lo ideal, no lo niego. Pero la experiencia nos dice que la
irrupción de nuevos partidos en nuestro país no es nada fácil. El PP es
heredero de Alianza Popular, IU es heredera (en parte y hablando a grandes
rasgos) del PCE, así que no han irrumpido sino que sólo se han reorganizado.
Nuestro
sistema de partidos no acoge bien las escisiones o la aparición de partidos a
escala estatal; los medios siguen fieles a los partidos que se turnan (PP y
PSOE); y la financiación se convierte en un problema para un partido que no
tenga buenos protectores (y tenerlos es sinónimo de firmar letras que luego
habrá que pagar). Al carecer inicialmente de cargos públicos que proporcionen
subvenciones, se hace muy costoso sufragar una campaña electoral con verdaderas
posibilidades de lograr la presencia en las Cortes.
Recordemos
al difunto Jesús Gil o a la no menos estrafalaria apuesta en esas mismas
elecciones del CDS, con Mario Conde a la cabeza. Que quedaron en agua de
borrajas.
No afirmo
que las cosas estén bien así. Muy al contrario, apunto a que hoy por hoy
abrirse paso en nuestro sistema de partidos es prácticamente imposible. Antes
de que puedan separarse esos dos frentes (el neonacional-católico
de raíz franquista y el democristiano) que hay en el PP, para que los
ciudadanos sepan distinguirlos, las cosas tienen que cambiar mucho.
El poder come miedo. Sin los demonios que crea, perdería sus
fuentes de justificación, impunidad y fortuna. Sus satanes
—Bin Laden, Saddam Hussein o los próximos que
aparezcan— trabajan, en realidad, como gallinas de los huevos de oro: ponen
miedo. ¿Qué conviene enviarles? ¿Verdugos que los ejecuten o médicos que los
cuiden?
El miedo distrae y desvía la atención. Si no fuera por los
servicios que presta, lo evidente quedaría en evidencia: en realidad, el poder se
mira al espejo y nos asusta contando lo que vio. “¡Peligro, peligro!”, grita el
peligroso.
El patriotismo es un privilegio de los que mandan. Cuando lo
ejercen los mandados, ¿se reduce a mero terrorismo? ¿Son terroristas y nada más
que eso, pongamos por caso, los actos de desesperación suicida de los
palestinos desalojados de su país, y los ataques de la resistencia contra las
fuerzas extranjeras que ocupan Irak?
El mundo patas arriba nombra al revés. El poder,
enmascarado, niega el sentido común.
De sobra se sabe que el robo fue el único móvil de la
matanza de iraquíes, cometida con premeditación y alevosía. Pero los asesinos
en serie siguen diciendo que hicieron lo que hicieron en defensa propia, y no
están presos ni arrepentidos. El crimen se paga: desde las cumbres del poder,
ellos amenazan al mundo con nuevas hazañas, mintiendo peligros, inventando
enemigos, sembrando el pánico.
Pero cuando las dignidades se juntan, otro gallo canta. Eso
ocurrió en Cancún, recientemente, en la reunión de la OMC: los países
despreciados, los mentidos, se unieron en un frente común, por primera vez
después de muchos años de soledad y de miedo. Y naufragó la reunión, convocada,
como de costumbre, para que la mayoría ejerciera su derecho de obediencia.
Está ocurriendo por todas partes: resulta que el poder no es
tan poderoso como dice que es.
Creo que ni “está ocurriendo por todas partes”, ni siquiera
podría ocurrir por todas partes. Coincido en que a veces ocurre, y en que
podría ocurrir en muchas partes, y en que sería muy bueno que ocurriera.
Y coincido también en que el matón del patio no es, por sí
solo, más fuerte que el resto de su clase. Oprime porque se lo permiten.
Lo ocurrido en EE UU confirma que la democracia —el menos imperfecto, sin embargo, de los regímenes políticos— no está protegida contra opciones que pueden llevar al poder a peligrosos demagogos. En efecto, es preocupante que Bush, conocido por su fundamentalismo religioso, su mediocridad intelectual y su incultura, haya sido el candidato más votado de la historia electoral estadounidense.
Bush ha despertado el espíritu del macartismo, que consiste en considerar culpable al ciudadano sospechoso de tener vínculos con una organización enemiga. Con tan siniestro historial, otro dirigente hubiera sido declarado persona non grata y excluido del mundo civilizado. No ha sucedido eso con George W. Bush, quien por añadidura y como presidente de la única superpotencia mundial, ocupa el lugar central del dispositivo político internacional.
Anunciaron que todo el mundo debía evacuar la ciudad. Se esperaba que cada cual ideara su propia salida del área de desastre por medios particulares, de acuerdo con los principios del libre mercado. No fue sino hasta el Día Tres cuando los comentaristas —relativamente pudientes— comenzaron a darse cuenta de que decenas de miles de personas no habían podido huir porque no tenían a dónde ir ni medios para desplazarse.
Son pobres no porque sean perezosos, sino porque les cuesta sobrevivir con salarios de miseria, a la vez que cargar con altos precios, alquileres elevados e impuestos regresivos, más altos proporcionalmente para los pobres que para los ricos. Sin embargo, cualquier niño estadounidense aprenderá desde chiquito que si alguien es pobre en “el país de las oportunidades” es porque no se ha esforzado lo suficiente. El libre mercado da oportunidades a todos; quien no las sabe aprovechar merece su propia desgracia.
De acuerdo con el propósito de “adelgazar la burocracia estatal”, se había recortado en 71,2 millones de dólares el presupuesto del Cuerpo de Ingenieros de Nueva Orleáns, una reducción del 44 por ciento. Y tuvieron que archivarse los planes para reforzar los diques que protegían la ciudad.
¿Se esmeraban más las autoridades en prevenir el saqueo que en rescatar a la gente? La propiedad antes que las personas, la escala de valores del libre mercado. Bush sobrevoló el área y dijo que nadie habría podido prever este desastre. Una mentira más que sale de sus labios. Toda clase de gente había estado prediciendo un desastre para Nueva Orleáns, señalando la necesidad de consolidar los diques.
Tres continuidades enlazan a los Estados Unidos de la Guerra
Fría con su intento de reafirmar su papel de gendarme del mundo a partir de
2001. La primera es su posición de preponderancia internacional: primero fuera
de la zona de influencia de los regímenes comunistas durante la Guerra Fría, y
absoluta desde el desmoronamiento de la URSS. Esta hegemonía ya no descansa
meramente en la magnitud de la economía estadounidense.
Por inmensa que ésta sea, ha declinado desde 1945; y en
términos relativos lo sigue haciendo. Ya no es el gigante mundial de la
industria. El centro del mundo industrializado se está desplazando rápidamente
al Extremo Oriente. A diferencia de las antiguas potencias imperialistas y de
la mayor parte del resto de las naciones industrializadas, Estados Unidos ha
dejado de ser un exportador neto de capital. Y el poder financiero del Estado
se basa en la continua disponibilidad que muestran otros países, la mayoría de
ellos asiáticos, para mantener un déficit fiscal que de otro modo se
transformaría en mortífero.
Todos los grandes imperios y potencias de la Historia
supieron que no eran los únicos... Les resultaba imposible aspirar a una
dominación verdaderamente global. Ninguno llegó a creerse invulnerable. Sin
embargo, esto no basta para explicar la evidente megalomanía de la política
estadounidense desde que un grupo reducido de Washington decidió que el 11 de
septiembre proporcionaba la oportunidad ideal para declarar su dominación
unilateral del mundo.
Se reconoce que no existe ninguna justificación racional de
la política actual de Washington, pensando en las ambiciones imperiales de
Estados Unidos. Ni de hecho tampoco en los intereses del capitalismo
estadounidense en el mundo.
Quizá únicamente tenga sentido de cara a cálculos
electorales o de política doméstica. Quizá sea síntoma de una crisis más
profunda de la sociedad estadounidense. Quizá se trate de la colonización
(esperemos que pasajera) del poder en Washington por un grupo de fantasiosos
“revolucionarios”. Paradójicamente, un entusiasta ex marxista hoy partidario de
Bush me dijo una vez medio en broma: “Después de
todo, ésta es la única oportunidad que se me va a presentar de hacer la
revolución mundial”.
Parece lógico suponer que el proyecto se derrumbará. Sin
embargo, mientras siga adelante, continuará haciendo del mundo un lugar
intolerable para un sinfín de personas directamente expuestas a la ocupación
armada estadounidense. Y mucho más inseguro para el resto de nosotros.
Nos rodea un panorama que contiene aún los efectos del
traumatismo causado por la II Guerra Mundial. Se han obtenido algunas
enseñanzas. En primer lugar, que es necesario evitar a cualquier precio un
conflicto de la misma naturaleza. Lo que llevó a la comunidad internacional a
constituir, a partir de 1945, un instrumento inédito: la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo más importante sigue siendo impedir las
guerras.
Pero los propios vencedores parecen haber olvidado las
enseñanzas de esta guerra. Así, por ejemplo, la Rusia del presidente Vladimir Putin se deshonra con su
represión ciega y su abuso de la fuerza en Chechenia. Y en Estados Unidos, la
Administración del presidente George W. Bush hace de los odiosos atentados del 11 de septiembre un
pretexto para cuestionar el Estado de derecho. Washington ha restablecido el
principio de la “guerra preventiva” para invadir Irak; ha creado “campos de
detención” para prisioneros despojados de sus derechos; y tolera la práctica de
la tortura.
En el 60º aniversario de la creación de la ONU, se estudian las reformas para adaptarla a los nuevos tiempos. La cuestión es si la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos de Bush, que quieren socavar a Kofi Annan por las críticas a la guerra de Irak, aceptarán entrar en este debate.
Es importante que lo hagan. No estamos ante la muerte de la ONU que anunciara Richard Perle, pero sí ante el peligro de que caiga en la inoperancia y/o en la irrelevancia, lo que llevaría a un mundo aún más inseguro. Para evitarlo es perentorio fraguar un nuevo consenso internacional en materia de seguridad colectiva, necesariamente más transnacional que nunca.
Blair ha sufrido su primera
derrota parlamentaria desde que vive en Downing Street. Una cuarentena de diputados laboristas le dio la
espalda y votó en contra del proyecto de ley que pretendía elevar a 90 días el
tiempo en el que la policía británica puede tener detenida a una persona sin
formular contra ella ninguna acusación. Al final, se aprobó que el máximo será de 28 días.
Dice el sarcástico corrido mejicano: “El día en que la
mataron, Rosita estaba de suerte. De seis tiros que le dieron, no más uno era
de muerte”. Pues esto es lo mismo. ¡Sólo 28 días! ¡Cuatro semanas a disposición
de unos servicios antiterroristas de cuya falta de escrúpulos hay sobradas
pruebas! Tony Blair debería
explicar por qué cree que para luchar eficazmente contra el terrorismo es
necesario escapar del control judicial. Resultaría sumamente esclarecedor.
La norma de los 28 días forma parte de una más o menos
visible quiebra del Estado de derecho en Gran Bretaña. Si la policía escapa del
control del poder judicial para convertirse en la práctica en un instrumento
del poder ejecutivo, lo que se va al garete es el equilibrio de poderes.
Desaparecido el ‘hábeas corpus’, lo que se instaura es la indefensión del
ciudadano.
No ignoro la importancia política que tiene la derrota
parlamentaria de Blair y el hecho de que un buen
puñado de los parlamentarios de su grupo se le hayan
rebelado. Admito que bien puede ser un signo de su ocaso político, demostrativo
de las ganas que no pocos laboristas tienen de que se
vaya con viento fresco; él y sus esfuerzos por demostrar que un laborista puede
ser incluso más reaccionario que un conservador.
Pero me anonada que se esté tomando como un signo de
progresismo la aprobación de una ley que permite a la policía disponer a su
aire de los detenidos durante cuatro semanas. Que se aplauda con alborozo al
saber que de los seis tiros que les van a dar no más uno será de muerte.
Los nazis
son hoy un partido en la bella Sajonia con prácticamente los mismos votos que
el histórico SPD, que no llega al 10%. Los partidos democráticos se derrumban
en las elecciones de dos Estados federados que son clave y serio indicio de
tendencias. Gentuza logra votos en masa de ciudadanos por lo demás decentes
ante el papanatismo y la debilidad de los demócratas. Es una historia muy
conocida, con resultados perfectamente recordados y que, sin embargo, vuelve a
surgir como realidad amenazante.
El corazón
de Europa cruje, y todo lo peor que le ha sucedido al mundo siempre ha tenido
allí su epicentro.
La Gran Coalición de hoy tiene en todo caso el nombre en común con la de hace cuarenta años. Pero no es parte de un proyecto social de estructuración. Al contrario, la que ha funcionado en la práctica todos estos años entre el Bundestag (cámara baja, con mayoría socialdemócrata y verde) y el Bundesrat (cámara alta, con mayoría democristiana), ha hecho cuanto le era posible para dividir a la sociedad.
La Gran Coalición, a diferencia de lo que ocurría hace 40 años, se encuentra hoy con un apéndice parlamentario de la oposición social. Los 54 diputados del Partido de la Izquierda en el Bundestag fueron elegidos precisamente por eso: porque grandes partes de los sindicatos y de otros movimientos sociales actúan en contra de unos recortes del sistema social que hieren en lo más vivo a un elemental sentido de justicia.
Dado ese contexto, puede esperarse que surja hoy una alianza parlamentaria-extraparlamentaria para una política económica, social y de paz. Sólo si eso fragua, llegará el Partido de la Izquierda a ser algo más que un partido de protesta para una legislatura.
También los Verdes se encuentran en la oposición. Tienen la ventaja de un medio en cierta medida estable, pero la desventaja de que ahora han de poner en cuestión su propio proyecto político, aquél con el que asumieron responsabilidades de gobierno. Lo que exigirá una elaboración magistral de la propia esquizofrenia. ¿Lo conseguirán?
El SPD lo tiene aún mucho más difícil que sus antiguos coaligados. El canciller Schröder sólo pudo sobreponerse a los desastrosos resultados de las elecciones en Renania-Westfalia porque condujo una campaña electoral de oposición a la política de su propio Gobierno. Pero en una Gran Coalición roji-negra, el SPD tendría que teñir de negro los ajados restos de su color rojo. Cómo se las piense componer la socialdemocracia para salir de esta crisis, es su secreto. La Gran Coalición devorará a sus hijos.
¿Podríamos estar asistiendo a la agonía del pacto
republicano que fundó la Francia moderna, y al preámbulo de un nuevo periodo
histórico? Esta situación, que aparece sin alternativa política, pues ni los
chicos en rebelión ni nadie la ofrecen, puede conducir a una catástrofe mayor.
No hay interlocutores válidos. Los que queman y se enfrentan
con la policía, no se reconocen en ninguna de las expresiones tradicionales de
las fuerzas políticas populares, incluidas por supuesto las que se declaran de
izquierda. Son “ajenos”, por buenas o malas razones, a esa tradición, que
tampoco conocen, que no se inscribe en su universo social y cultural.
Ni siquiera respetan el antiguo cuadro del círculo familiar,
que en gran parte fue destruido por el desempleo, la miseria y la desagregación
social. Las referencias son otras, muy distintas de las de generaciones
anteriores. Ése es un dato insoslayable.
En cambio, aumenta el peso de la opinión de extrema derecha,
fascista o fascistoide, que gana espacios enormes en
los sectores de la derecha liberal, incluso en las capas populares. Algo
funciona mal en esta sociedad, que parece amnésica respecto a los valores surgidos
de la Revolución de 1789, de las revoluciones republicano-democráticas de la
primera mitad del XIX, de la Comuna de París de 1871, de la Resistencia
antifascista y de las grandes luchas obreras y sociales del siglo XX: los
grandes pilares de la Francia moderna.
Ése es hoy el peligro que corre la sociedad francesa. El
sentimiento de miedo, que apela a “la seguridad” como valor máximo, conduce así
a sostener a quienes manejan el poder, el dinero y las armas. Ese sentimiento
es más preocupante que el ciego estallido de la revuelta juvenil y que las
expresiones vandálicas de algunos de sus sectores.
La barbarie no es siempre aquélla que desde el poder se
identifica, sino frecuentemente la inversa: la que ejercen los de arriba. Este
conflicto puede hipotecar buena parte del próximo futuro. Los que siguen
creyendo en la lucha por la democracia y en la justicia social, no pueden menos
que tomar partido por la revuelta de los pobres y oprimidos. A veces la forma
de la insumisión es brutal, como brutales fueron siempre las revueltas de los
condenados de la Tierra, pero es un principio político y ético insoslayable.
Parece claro que lo que ha fracasado en Francia no es
Europa. Ni siquiera la Constitución. Ha fracasado una cierta idea de Europa. Ha
fracasado Europa tal como la ha entendido hasta ahora la élite
política del continente.
Sin embargo, la tensión vivida en la campaña del referéndum
francés ha puesto de relieve que Europa sí interesa al ciudadano. Francia ha
dado al resto del continente una lección de democracia y de capacidad de
debate. Y, salvo los ultranacionalistas, nadie ha
cuestionado la construcción europea.
En todos los ambientes políticos, en cambio, se ha apreciado
un descontento con la actual gestión de esa causa. Entre pareceres razonados y
viscerales, entre críticas fundadas y descabelladas, se percibe una
desconfianza general hacia un modelo que escapa al control democrático del
ciudadano.
El ‘no’ de Francia ha sido un ‘sí’ a otra forma de ver
Europa muy distinta a cómo vieron a los 25 los diseñadores políticos y técnicos
del Tratado. Dice el presidente del Parlamento Europeo, José Borrell, que Europa ha infundido miedo en lugar de
esperanza. Y tiene toda la razón.
Da miedo una Europa que cree más en el poder empresarial que
en las personas, y en la que se desmantelan gradualmente las conquistas del
Estado de bienestar. Las luces llegaron de nuevo de Francia.
Las 10 exigencias de Attac Francia para el Consejo Europeo
Sin esperar las necesarias renegociaciones, Attac Francia ha propuesto diez medidas inmediatas que permitirían al Consejo Europeo demostrar la voluntad de reconciliar la construcción europea con las ansias expresadas por el pueblo europeo.
La victoria del ‘no’ en el referéndum del 29 de mayo expresa la voluntad de los ciudadanos franceses de que se ponga en práctica una revisión total del proceso de construcción europea.
Se ha propuesto instituir una delegación de los principales responsables de las organizaciones políticas, sindicales y asociativas que convocaron al rechazo del Tratado Constitucional, propugnando como alternativa una Europa social, internacionalista, solidaria, feminista, ecologista y democrática.
Punto 5
Impulsar una reactivación económica europea, tal vez sufragándola mediante la fórmula de empréstitos, dirigida a fomentar las inversiones en infraestructuras públicas que contribuyan a la mejora del medio ambiente, de los transportes ferroviarios, de la educación, de la salud... Por otro lado, esas inversiones permitirían acrecentar notablemente el número de personas empleadas.
Los partidos no son un fin, sino un medio, un instrumento. Y
no es nada terrible que si uno de éstos no sirve se le deje de lado para construir
o utilizar otro; porque lo que importa es la tarea.
Lo fundamental es ayudar a la emancipación de los oprimidos
brasileños, con el Partido de los Trabajadores (PT) si fuese posible, o sin él,
si no lo fuese. Indudablemente, el fenecimiento del PT cerraría con una derrota
una larga fase que lleva ya más de 30 años, desde la resistencia a la dictadura
y la creación, para ello, de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) y
del mismo partido.
Porque éste y aquélla en sus orígenes tuvieron el carácter
fundamental de órganos de centralización de las luchas sociales, en un país
donde nunca habían existido ni una central obrera digna de ese nombre ni un
partido de masas. Aunque en los últimos tiempos, debido en gran parte a la
falta de definición política e ideológica y al pragmatismo de sus direcciones,
han llegado a un grado de integración en el aparato estatal y de funcionamiento
burocrático que pone en peligro la existencia, por lo menos, de los grupos
dirigentes “profesionales”.
La CUT y el PT forman parte de la conciencia histórica de
los explotados y de la izquierda de Brasil. Ahora bien, en ningún país la gente
humilde abandona las herramientas que construyó con sangre y esfuerzos durante
decenios como quien se cambia de camisa. Es fácil para un intelectual cambiar
de posición con relativamente pocos problemas. No lo es, en cambio, para los
trabajadores, que necesitan sindicatos y partido para defenderse (o para
esperar defenderse).
Para que
esto funcione medianamente bien, usted tiene que hacer una cosa muy sencilla:
consumir. Consumir al máximo de sus posibilidades. O mejor aún: consumir por
encima de sus posibilidades. Endeudarse. Hipotecarse de por vida.
Los nuevos
filósofos dicen que el intríngulis del sistema radica precisamente en eso: en
la creación constante de necesidades innecesarias. En predicar la fe en el
mercado. En identificar el consumo con el éxito, con la felicidad. Hasta con la
salvación. Y en conseguir que no se detenga jamás. E incluso que se acelere un
poquito cada día.
Un
trabajador endeudado, hipotecado, es un individuo inseguro: alguien a quien
resulta muy sencillo atornillar. E incluso explotar.
Aunque ya
no tengamos tropas en Irak (lo cual sin duda nos ha evitado muchos disgustos),
acabaremos pagando, junto a nuestros socios del euro, buena parte de la
factura. La ecuación es muy simple: Estados Unidos acumula un enorme déficit comercial,
por lo que necesita un dólar barato para poder vender en el exterior y contener
el crecimiento de ese agujero.
Además,
acumula un gran déficit público y una deuda externa sin precedentes. Ese
déficit y ese endeudamiento son resultado, básicamente, de dos cosas: el dopaje
al que Bush ha sometido a la economía americana
(bajar los impuestos y abrir la mano del gasto para lograr crecer) y una guerra
de Irak cuya ansia de fondos no tiene, ni tendrá, fin (las estimaciones apuntan
a un coste cercano ya a medio billón de dólares).
Adivinen
qué países prestan dinero masivamente a Estados Unidos y tienen ahora una
tercera parte de la deuda norteamericana. China, Japón y Corea del Sur. El
primero es, además, el principal responsable del déficit comercial americano y
tiene su moneda ligada al dólar, es decir, mucho más baja de lo que debiera
estar. Esto le permite inundar no sólo los mercados americanos, sino también
los europeos. Y, además, como el dólar está barato, China puede seguir
comprando deuda en dólares para financiar el agujero deficitario de Bush.
Pero los
europeos nos encontramos con un euro fuerte (ya nos dan 1,30 dólares por euro y
el año próximo podrían darnos 1,40 ó 1,50). Lo que, aunque nos abarata algo la
factura petrolera, nos dificulta mucho las exportaciones. Así que, todos a
pagar los cañonazos.
En cualquier situación de crisis, como la que estalló entre
1973 y 1975, el capital necesita encontrar una solución para salir de ella. Por
ejemplo, durante la crisis de los años 1930, el Estado y el gran capital
estaban de acuerdo en que la solución era adoptar una política keynesiana. Esto
se debía a que, correcta o incorrectamente, se consideraba que el origen de
esta crisis era el subconsumo y la falta de demanda
efectiva.
El análisis que se hizo de la crisis de principios de los
1970 fue que el capital no tenía la suficiente flexibilidad (en lo geográfico, en
el mercado laboral y tecnológicamente). Comenzó a abrirse camino la idea de que
la solución a la crisis pasaba por un incremento de la flexibilidad en estas
áreas. Y esto dio lugar a una increíble liberación de los poderes del capital
financiero para transferir fondos, relocalizar la
producción... El capital financiero asumió así el papel que antes se le había
asignado al Estado, que parecía ser una institución demasiado rígida.
De la misma manera en que el periodo de los años 1950 y 1960
se conceptualizó en términos
de keynesianismo, y dado que la flexibilidad estaba convirtiéndose en el tema
dominante, creí oportuno hablar sobre esta tendencia como un ingrediente básico
en la solución de la crisis de los 1970.
Las características de este capitalismo flexible son el
aumento de la exportación de capital, mucha mayor fluidez para la circulación
de fondos a través del mundo entero (incluso internamente, dentro de los
Estados Unidos o de Europa), la insistencia en un cambio tecnológico muy
rápido, y la desregulación en el mercado laboral.
Este énfasis en la flexibilidad significaba que había que
atacar a instituciones que presuntamente carecían de ella, como por ejemplo los
sindicatos, así como a aspectos específicos del Estado. Hubo, y hay aún, una
lucha sobre el desmantelamiento del Estado de bienestar, que se pretende llevar
a cabo con la excusa de que es una especie de barrera burocrática a la
flexibilidad. Aún hay muchos países en Europa que no han recorrido ni la mitad
del trayecto y sufren el ataque de esta filosofía neoliberal.
Como los fracasos —especialmente las crisis, primero la mejicana, luego las del este asiático, la de Rusia y luego la argentina— pusieron de manifiesto que no todo iba bien, los defensores del Consenso de Washington sucesivamente trataron de cambiar la receta, proponiendo distintas versiones de un Consenso de Washington “plus”.
Méjico demostró que aun cuando un país tuviera su edificio fiscal en orden y mantuviera la inflación bajo control, podía sufrir una crisis. El problema, supuestamente, era la falta de ahorro interno. Pero cuando los países del este asiático afrontaron sus crisis —países con los niveles de ahorro más altos del mundo— se buscó una nueva explicación. Esta vez se trataba de una falta de transparencia (aparentemente olvidando que la última serie de crisis se había producido en los países nórdicos, que se encontraban entre los más transparentes del mundo).
La culpa la tenían las instituciones financieras débiles, pero si esas instituciones financieras débiles se encontraban en los Estados Unidos y en otros países industriales avanzados, ¿qué esperanza quedaba para los países en desarrollo?
El Estado había sido largamente descrito como el problema y los mercados como la solución. Las preguntas deberían haber sido otras. ¿Qué podemos hacer para mejorar la eficiencia de cada parte? ¿Cómo debería cambiar, a lo largo de sucesivas etapas, el equilibrio entre los mercados y las competencias de los Gobiernos?
Estamos viendo hoy en Europa algo semejante a lo que ocurrió
en España en los años 80. Durante aquel decenio, la banca y otros círculos
financieros españoles atribuyeron el elevado desempleo del país a la rigidez
del mercado de trabajo y a la excesiva generosidad de nuestro Estado de
bienestar.
Debido al enorme poder e influencia de estos grupos
financieros y de su portavoz, el Banco de España, tal percepción de las causas
del desempleo se generalizó en la cultura mediática y política del país.
La evidencia acumulada desde entonces muestra, sin embargo,
que las causas del paro radicaban más en el comportamiento de la banca que en
la supuesta rigidez de los mercados de trabajo o en la excesiva generosidad del
Estado de bienestar español, uno de los menos desarrollados en la UE.
En realidad, el poder de la banca (robustecido por unas
políticas muy proteccionistas del capital financiero español, contrario a
permitir la liberalización de los mercados de capitales) forzó unos intereses
bancarios muy altos (de los más elevados de la UE) que dificultaron enormemente
la inversión, siendo los costes financieros de las empresas en España los más
altos de la Unión. Estos elevados intereses también crearon dificultades al
consumo, obstaculizando así el crecimiento económico y la creación de empleo.
Las políticas públicas, sin embargo, se centraron más en la desregulación de los mercados de trabajo (alcanzando la cota más elevada de precariedad en Europa), mientras que los beneficios de la banca española alcanzaban también las tasas más altas de Europa. Hoy estamos viendo una situación semejante en el ámbito de la Unión.
Mes de febrero de 2005: la mayor entidad financiera alemana,
el Deutsche Bank, anuncia
de forma simultánea un incremento de los beneficios del 87% y el despido de
5.000 trabajadores “para seguir siendo competitivo”. La dinámica del Deutsche no es excepcional, sino que marca una tendencia:
el espectacular incremento de beneficios de las grandes empresas en todo el
mundo durante 2004. El reparto de esta bonanza nunca ha sido tan desigual como
ahora.
La bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a
la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de
130.000 millones de euros.
El colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y
Hacienda (Gestha) sostiene que si las bolsas de
fraude existentes en España se erradicaran, la Agencia Tributaria podría
obtener una recaudación adicional de hasta 30.000 millones de euros, derivados
de aplicar el índice de presión fiscal por impuestos de 2004 a la cifra total
de la economía sumergida.
Para el secretario general de Gestha,
Joaquín del Moral, estas cantidades son claros indicadores de la importancia de
los recursos que las arcas públicas dejan de ingresar debido a la deficiente
organización de la Agencia Tributaria. “Pensamos que el ‘Plan de prevención de
lucha contra el fraude’ presentado por el Gobierno es borroso y precipitado,
pero también valiente, ya que reconoce el serio problema de las bolsas de
fraude existentes en nuestro país y plantea nuevas medidas para erradicarlas”,
expone Del Moral.
Las
consecuencias del cambio climático serán especialmente graves en España
La Agencia
Europea de Medio Ambiente prevé un ascenso de temperatura de seis grados este
siglo en el continente
Los
efectos del cambio climático se pueden observar ya en Europa en forma de
tormentas, inundaciones, sequías y “otras condiciones meteorológicas extremas,
cada vez más frecuentes y económicamente gravosas”, concluye un informe de la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) hecho público el 18 de agosto.
Este
fenómeno de calentamiento ha sido mayor en la península Ibérica y Rusia
occidental, que mantendrán esta tendencia en el futuro junto con países como
Grecia o Italia. “En el sur de Europa, sobre todo, puede tener graves
consecuencias como el incremento de las sequías, del número de incendios
forestales, de las olas de calor y de los riesgos para la salud humana”, indica
la agencia.
Un tiempo
aún más loco
Las
proyecciones de la AEMA muestran que de aquí a 2080 podrían desaparecer casi
por completo los inviernos fríos; y que los veranos calurosos, las sequías y
las fuertes lluvias o granizadas podrían ser mucho más frecuentes.
La AEMA
atribuye la mayor parte del calentamiento global de los últimos años a
actividades humanas, en particular a las emisiones de gases de efecto
invernadero que atrapan el calor. La concentración de CO2 en la atmósfera inferior, por
ejemplo, se encuentra en su punto más alto desde hace por lo menos 420.000
años, quizá incluso desde hace 20 millones de años.
El modelo
de producción y consumo dominante queda inalterado. Se prefiere, antes que
evitar que el daño se produzca, tomar medidas cuando ya está hecho; lo que
destruye las raíces de la sostenibilidad.
Cuando, en 1947, 23 naciones llegaron al acuerdo de crear
una nueva organización internacional para la promoción del comercio y el
arbitraje de disputas, los deseos de los países pobres contaron poco. Los
países industrializados se estaban reconstruyendo tras la Segunda Guerra Mundial
y eran todavía los amos coloniales de Asia y África.
Durante el siguiente medio siglo, aquel club —ahora conocido
como la Organización Mundial del Comercio— desmanteló agresivamente las barreras
al comercio de bienes industriales y servicios, ramos en los que sus miembros
gozaban de una ventaja comparativa.
Pero la historia no ha sido igual en lo que se refiere a
ramos como el textil o la agricultura, donde los países pobres pueden florecer.
Los aranceles aduaneros estadounidenses sobre textiles e indumentaria se
encuentran entre los más altos de todos los del país.
Europa, Japón y Estados Unidos siguen resistiéndose a la
competencia global en agricultura, en condiciones justas para todos. Los mismos
representantes del club de países ricos que van por todo el mundo intimidando
con sus bravatas a los pobres para que abran sus mercados al libre comercio,
levantan barricadas en cuanto esos países piden a los ricos que desmantelen sus
propias barreras para liberalizar el comercio de los productos agrícolas.
Mientras que los ricos siguen con su vergonzosa ofuscación,
los países pobres han de situarse fuera del mercado por culpa de los precios.
Hace unas semanas, el enviado de la Unión Europea, Peter
Mandelson, se quejó ante los periodistas de que
Europa había estado aceptando más compromisos de los que justamente le
corresponderían en las conversaciones de la OMC. Lo expuso así: “Este proceso
de ajuste ha sido una vía de dirección única desde hace más de un año”.
El señor Mandelson y sus homólogos
estadounidense y japonés harían bien en recordar lo que ocurrió en Cancún,
Méjico, en septiembre de 2003, cuando un bloque de naciones pobres, liderado
por países de África occidental molestos por los subsidios al algodón, ayudó a
torpedear un nuevo convenio internacional sobre comercio.
Las grandes empresas a ambos lados del Atlántico quieren
conseguir un pacto que liberalice las reglas sobre los productos manufacturados
y los servicios. Pero para los países pobres, el proceso de ajuste ha sido una
vía de dirección única desde hace más de medio siglo. Ya es hora de que el
mundo rico empiece realmente a comprometerse un poco.
La decisión adoptada por el XVIII Congreso Mundial de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), celebrado recientemente en Japón, de poner en marcha el proceso que debe culminar con la unificación de aquélla con la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la creación de una nueva Internacional obrera, es un hecho de dimensiones históricas.
Tras una existencia de 59 años, la CIOSL agrupa a 234 organizaciones afiliadas de 152 países y cuenta con más de 151 millones de miembros. Es, sin duda, la gran base sobre la que se asentará el nuevo sindicalismo mundial.
En cuanto a la CMT, sus principios de hoy no difieren sustancialmente de los del sindicalismo socialdemócrata. Su tamaño es, aproximadamente, un 20% del de la CIOSL y tiene una implantación destacada en algunos países de Europa y de América Latina.
Una confederación mundial única es cada día más necesaria para dar respuesta a los desafíos de la globalización económica. Ésta ha sido la conclusión central de los debates del congreso, desde la convicción de que hoy el problema central de la Humanidad se sitúa en las relaciones Norte‑Sur. Y en este escenario, el movimiento sindical tiene la responsabilidad de responder al desafío de una mundialización distinta; o lo que es lo mismo, a una nueva, efectiva y solidaria redistribución de la riqueza en todo el planeta.
Una razón poderosa para la unidad es el surgimiento del capitalismo global, cuyo máximo exponente hoy es la política neoconservadora de la Administración de Bush. Tenemos ante nosotros una alternativa de hierro: o somos capaces de unirnos o nos quedaremos estáticos, viendo cómo los derechos de los trabajadores se desmantelan uno a uno.
La radical dignidad del trabajo y su función integradora en lo social exigen garantizar la calidad del empleo basada en la determinación de unos mínimos sociales. Queremos poner al servicio de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo un sindicalismo de transformación social.
La nueva organización que surgirá de la fusión de la CIOSL y la CMT, afiliará a todos los sindicatos democráticos, libres e independientes que lo deseen, respetando sus orígenes y particularidades. En estos primeros años del siglo XXI, el movimiento obrero retoma y relanza el internacionalismo. Es una buena noticia. La Unión General de Trabajadores, que ya participó en la primera Internacional Obrera a finales del siglo XIX, saluda esta iniciativa y le concede su apoyo.
Trabajadores del mundo, buscad nuevas formas para uniros
Las conquistas sociales y democráticas de finales del siglo
XIX y primera mitad del XX consiguieron atemperar las desigualdades provocadas
por la apropiación por parte de los patronos-capitalistas de la práctica
totalidad de las plusvalías generadas por el esfuerzo de los trabajadores.
Estamos hablando en general, a sabiendas de que no todos los patronos ni todas
las empresas han sido, ni son, iguales, en lo que se refiere a su
responsabilidad social.
En torno al 2000, muchas empresas han aprendido a aprovechar
la liberalización de los flujos de capitales (la globalización financiera) para
apropiarse de una porción cada vez mayor de la plusvalía generada por el factor
trabajo, mediante nuevos mecanismos.
Así proliferan las estructuras empresariales de casas
matrices casi “virtuales” radicadas en países de baja fiscalidad sobre los
beneficios, las sociedades interpuestas, la contabilidad creativa y la
ingeniería financiera, la utilización masiva de los paraísos fiscales para evadir
impuestos y las inversiones especulativas en divisas, materias primas “con
futuro” y capital inmobiliario.
Simultáneamente, las grandes empresas han aprendido a
manejar a escala global los límites cada vez más difusos entre información,
publicidad, entretenimiento y cultura popular. Se han creado grandes grupos de
“comunicación” y “entretenimiento” que imponen los temas de los que habla “todo
el mundo” y silencian aquéllos que pueden ser más problemáticos. Porque lo que
no se dice, no existe; y existe todavía menos si no sale por televisión.
Para que un sistema educativo funcione, hay que creer en él. Y para ello es necesario tener una visión estratégica de la educación, saber cuáles son los objetivos que se pretende conseguir y asignar los recursos suficientes.
Pero en España, en la última etapa de Felipe González y, muy especialmente, en los ocho años del Gobierno Aznar, en el campo educativo sólo ha funcionado la improvisación y una política de parcheo. Hay que remontarse a finales del decenio de los 80 para encontrarnos la última reforma seria en Educación. Fue la diseñada por el ministro socialista José María Maravall.
Era una reforma bien pensada, con una filosofía detrás y que ya planteaba conceptos como el de la diversidad, la atención a los menos favorecidos, la educación compensatoria, la integración de los discapacitados... Todo ello acompañado de una intensa formación de los profesores.
La reforma, sin embargo, se quedó a medias porque no contó con la financiación necesaria, el mal endémico que persigue a la educación en España. Posteriormente, la desilusión marcó los últimos años de González en materia educativa.
Pero lo peor llegó con el PP. No aportó ninguna idea nueva y volvió a las viejas propuestas, a lo de siempre: repeticiones de cursos, métodos de enseñanza anticuados... Por eso, no debe extrañarnos que nuestros estudiantes de secundaria —la generación del “España va bien”— no alcancen siquiera el nivel básico de lectura y comprensión de textos. Ésta es la herencia de los que nunca han creído en la educación.
Una característica de la educación primaria y secundaria en
España es su polarización por clase social. En general, el 30% de la población,
de renta superior (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de
renta alta), envía a sus hijos a las escuelas privadas; mientras que el 70%
restante (clase trabajadora y clase media de renta media y baja) los matricula
en la escuela pública.
Ni que decir tiene que existe permeabilidad entre los dos
tipos de centros escolares, de manera que hay niños de las clases pudientes que
van a la pública e hijos de las clases populares que van a la privada. Pero, en
general, hay una visible separación entre la escuela privada y la escuela
pública en España, según la clase social de los niños a los que sirven. La
escuela española es, pues, altamente clasista.
Según el último ‘Informe Pisa’ sobre los sistemas educativos
de los países de la OCDE (el grupo de mayor desarrollo en el mundo), España es
uno de los países en los que la clase social de las familias tiene mayor
importancia a la hora de configurar las oportunidades educativas de sus hijos.
Esta polarización social de la escuela se reproduce como resultado del enorme
poder político y mediático del 30% de renta superior del país. La Iglesia
católica juega un papel clave: posee el 70% de los centros de enseñanza privada
en España.
La educación reproduce así la estructura de clases del país.
Y ésta es la clave de la conflictividad presente: una lucha de clases
encubierta en la que la Iglesia, una vez más, defiende a ultranza sus
privilegios. La mal llamada escuela privada (la auténticamente privada es tan
sólo un 5% de toda la escuela en España), aunque se financia públicamente,
antepone intereses particulares a los generales y no actúa dentro del sistema
público educativo.
Propuestas para la mejora de la ‘educación para el desarrollo’
Una vertiente apenas considerada en la educación para el desarrollo, pero esencial, es lo que Morin llama “enseñar la incertidumbre”. Este autor, padre de los estudios de lo complejo, habla de las cegueras del conocimiento, que son el error y la ilusión. El error de exactitud y la ilusión de la verdad.
Es importante que en nuestro sistema de conocimiento estén presentes la incertidumbre y el relativismo. Es decir, que los ciudadanos del futuro en su formación científica se aparten de cualquier intransigencia dogmática. Nuestras teorías y doctrinas están expuestas al error y deben, por tanto, estar abiertas a los cambios y a la refutación.
Esto que se enseña especialmente en lo que se refiere a las teorías científicas, no está en exceso asumido en otros ámbitos de nuestro sistema epistemológico. Dice Morin de las doctrinas, por ejemplo, que al ser “teorías cerradas en sí mismas y absolutamente persuadidas de su verdad, resultan invulnerables a cualquier crítica que pretenda denunciar sus errores”. A este respecto encontramos bastantes casos de doctrinas perniciosas en la historia del siglo XX.
De ahí que la educación del futuro necesite esa dosis de incertidumbre y de relativización de la racionalidad. Y nos referimos de este modo a que el conocimiento racional no es una cualidad exclusiva de la mente de los científicos y técnicos. Y en segundo lugar, y muy importante, a que tampoco es algo privativo de la civilización occidental.
Intelectuales
lideran una campaña contra el “adoctrinamiento religioso” en las aulas
Unas 160
organizaciones piden la derogación de los acuerdos Iglesia-Estado, que
establecen la enseñanza de religión como una asignatura reglada más
Alrededor
de 160 organizaciones del mundo educativo y de otros ámbitos demandaron ayer
“el fin del adoctrinamiento religioso” en el sistema educativo. Los impulsores
de la campaña ‘Por una sociedad laica, la religión fuera de la escuela’
celebraron por la tarde un acto público con la participación de escritores y
personajes del mundo de la cultura para pedir que el Gobierno actúe con coraje
apostando por una escuela “científica y humanista”. La directora de la
Biblioteca Nacional, Rosa Regàs, la novelista
Almudena Grandes y el cineasta Vicente Aranda apoyan, entre otros, la
iniciativa.
Para la
presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos
(CEAPA), Lola Abelló, las autoridades educativas han de apostar por una escuela
laica, libre, sin dogmas, plural y respetuosa con la diversidad. “Queremos que
la religión se mantenga fuera del currículum escolar, para que convivan en
armonía creyentes y no creyentes”, aseveró.
Los impulsores de la iniciativa propugnan la derogación de los acuerdos que suscribieron la Iglesia y el Estado en 1979.
Uno de los rasgos de la clase política en España es su falta
de voluntad para debatir todo lo que se refiere a los trabajadores y a sus
condiciones de vida. Ocurre así con el gasto social y, más específicamente, con
el gasto sanitario. Hay que señalar que este último ha aparecido en el debate
no en sí mismo, sino como un problema fiscal, de déficit público.
Si el esfuerzo en la sanidad española es solamente tres
cuartas partes de la media europea, y si las camas hospitalarias disponibles
son la mitad de la media europea, es porque en España se destina a la sanidad
una parte menor de la renta generada que en el resto de la Europa del
bienestar.
Y ello se origina porque en España se recaudan menos
impuestos y cotizaciones sociales que en el resto de Eurolandia,
y además porque se destina una parte menor de dichos impuestos a gastos
sociales —el 59%, frente al 68% de media—. Es más, en los últimos años,
mientras que en el resto de Europa se aumenta el porcentaje de los impuestos
con destino al gasto social (65,7% en 1996, 68,7% en 2002), en España este
porcentaje disminuye del 62,7 al 59,4% en el mismo periodo.
Cuando el PSOE pretende convencer a los ciudadanos de que
pagar menos impuestos es progresista, intenta “pasar de macuto” su ideología
neoliberal. Mientras no se alcance el umbral mínimo de cobertura social —y un
país con ocho millones de pobres, con un 28% de pensionistas en situación de
pobreza, está lejos de haberlo alcanzado—, lo progresista es pagar más
impuestos y, sobre todo, que paguen más impuestos quienes tienen más capacidad
para ello.
Para lograr ese objetivo, que no es pagar más impuestos sino
convertir el Estado de “medioestar” español en un
Estado de bienestar auténtico, hay que homologar primero la situación fiscal.
Los más comprometidos políticamente entendemos como primera obligación ciudadana la crítica ideológica y la denuncia de quien detenta el poder. El civismo no es un ideal único y eterno, establecido de una vez por todas en la república de las ideas. En efecto, se trata de una construcción histórica (siempre debatida) cuyo objetivo esencial es permitir que todos seamos voluntariamente responsables de la gestión de la sociedad.
Cada país suele tener sus deficiencias específicas. En España reina la confusión en torno a las atribuciones de la autoridad política. Entre nosotros existe la creencia generalizada de que quien ostenta un puesto de relevancia pública, puede permitirse más cosas que el resto de los ciudadanos. Así, la gente espera de él portentosos milagros; y se comprenden o disculpan determinadas actitudes...
Cuando, en realidad, quien ocupa un alto cargo debería saber que puede permitirse menos genialidades que los ciudadanos comunes. E incluso debe renunciar —precisamente porque administra los bienes comunes— a los comportamientos “inocentes” en otra posición social.
Por eso, quienes son incapaces de renunciar a sus antojos o vicios no deben aspirar a representación de clase alguna. La ciudadanía no sólo consiste en renuncias y aceptación de frenos razonables, sino que exige también disposición a formarse, argumentadamente, un criterio propio. Es un hecho conocido que los gobernantes, los periodistas, los catedráticos... por no hablar de los integrantes de la jerarquía eclesial, suelen mentir de forma compulsiva y reiterada (necesitan reafirmar su “ego”).
Sucede que nos encontramos en estos momentos con una herencia, proveniente del Estado de bienestar, que nos proporciona un enorme caudal informativo. Abundan los medios de comunicación de masas a través de diversos soportes (libros, periódicos, radio, cine, televisión e Internet). Hacer uso de ellos, y sobre todo contrastarlos, es un buen ejercicio de gimnasia cívica y democrática.
Fui entonces, si de sueños se trataba, a aquel libro donde
Adolfo Sánchez Vázquez habla del sueño: sus escritos reunidos en ‘Entre la
realidad y la utopía’, cuyo subtítulo dice ‘Ensayos sobre política, moral y
socialismo’. Si de explicar tenacidades se trata, en esta tríada, me dije,
‘moral’ es el término fuerte, el que enlaza política con socialismo y el que en
la conducta humana da contenido de verdad a la una y al otro.
Encontré allí, desde la página primera y reiterado después
una vez y otra, el concepto ‘explotación’, ese principio de realidad sin el
cual pierde sentido toda reflexión política y moral sobre la sociedad
capitalista. Éste es el gran tema de Marx, anota
Sánchez Vázquez, pues “¿qué es en definitiva ‘El capital’ sino el tratado de la
explotación?”.
Desde esa realidad puede configurarse la dimensión de la
‘utopía posible’ que cada tiempo lleva en su seno. Sánchez Vázquez nos dice:
“Las utopías responden a aspiraciones o deseos de clases o grupos sociales que
se muestran inconformes o críticos con respecto a determinada realidad social”.
En tanto encarnación ideal de esos deseos humanos, agrega, “la utopía se halla
vinculada con la realidad no sólo porque ésta genera su idea o imagen del
futuro, sino también porque incide en la realidad con sus efectos reales”.
La utopía no es, pues, ensueño de un mundo imposible sino,
como quería Ernst Bloch,
anhelo y esperanza de lo aún-no-advenido. Pero lo aún-no-advenido, lo que está
por venir en los tiempos humanos, no adviene por sí solo. Requiere dos ingredientes
propios de la realidad: el deseo y la acción.
Mostrar y deslegitimar la violencia del ‘orden capitalista’
es mostrar la razón y la posibilidad de una utopía escondida en los oscuros
pliegues de la realidad presente. Y es suscitar el deseo de un mundo-otro,
posible porque su germen existe ya en los entresijos de esa realidad. A ese
mundo-otro Sánchez Vázquez lo llama socialismo y lo postula como principio
moral. En ese principio, activo por definición, se sustentan el deseo que
suscita la acción, la lógica que la explica y la ira que la alimenta.
En el marco democrático, la prensa y los medios de
comunicación han sido, durante largos decenios, un recurso de los ciudadanos
contra el abuso de los poderes. En efecto, los tres poderes tradicionales
—legislativo, ejecutivo y judicial— pueden fallar, confundirse y cometer
errores. Mucho más frecuentemente, por supuesto, en los Estados autoritarios y
dictatoriales, donde el poder político es el principal responsable de las
violaciones de los derechos humanos y de las censuras contra las libertades.
Pero en los países democráticos también pueden cometerse
graves abusos, aunque las leyes sean votadas democráticamente, los Gobiernos
surjan del sufragio universal y la justicia —en teoría— sea independiente del
poder ejecutivo.
Puede ocurrir, por ejemplo, que se castigue a un inocente
(¡cómo olvidar el caso Dreyfus en Francia!); que el
Parlamento vote leyes discriminatorias (como sucedía en Estados Unidos respecto
de los afro-estadounidenses, y sucede hoy respecto de los oriundos de países
musulmanes, en virtud de la “Patriot Act”); que los Gobiernos apliquen políticas cuyas
consecuencias resultarán funestas para todo un sector de la sociedad (los
inmigrantes “indocumentados” en numerosos países de Europa).
El origen y desarrollo histórico de las cooperativas de
consumo en el País Vasco es consecuencia de los logros alcanzados por el incipiente
movimiento cooperativo que había comenzado a surgir en Europa a mediados del
siglo XIX. Los fundamentos que propiciaron el nacimiento de este nuevo fenómeno
económico se remontan a los modelos de economía colectiva que proporciona la
historia de la Humanidad desde sus orígenes. Sin embargo, no debe confundirse
cooperación con cooperativismo, ya que éste va mucho más allá de la simple
recurrencia de las formas de ayuda mutua.
Fue durante la primera mitad del siglo XIX, en el marco de
la Revolución Industrial, cuando el cooperativismo hizo su aparición como un
fenómeno socio-económico que determinó un nuevo modelo empresarial. En ese
momento, el naciente sector industrial comenzaba a desarrollarse rápidamente al
aplicar sin demora los continuos progresos científicos y técnicos que
caracterizaron a este periodo, entre los que destacaba la máquina de vapor.
La transformación que se produjo en los sistemas de
producción de las industrias que tenían como base el carbón o en las
pertenecientes a los sectores metalúrgico y textil, provocó que resultase
innecesaria gran parte de la mano de obra utilizada hasta entonces a causa de
la implantación de la nueva maquinaria.
Como consecuencia, la cifra de desempleados se incrementó
desmesuradamente y los trabajadores, entre los que figuraban mujeres y niños de
corta edad, soportaban condiciones laborales con jornadas en las que se
superaban las doce horas de trabajo diario, salarios raquíticos y unas
deplorables medidas de seguridad e higiene, que se extendían a sus propias
viviendas.
Estas circunstancias favorecieron la aparición de grandes
núcleos industriales en los que se originó un profundo cambio social. Por un
lado, emergió una nueva y fortalecida clase burguesa que vivía en unas
condiciones de progresivo bienestar; y por otro, los obreros padecían
consecuencias dramáticas, proporcionando las primeras víctimas del nuevo
sistema, base del incipiente modelo capitalista.
En ese contexto comenzó a brotar una conciencia de clase
que, ante la necesidad de movilizarse contra el sistema, encontró en el
asociacionismo su principal arma defensiva. Las formas asociativas que
prevalecieron fueron fundamentalmente de tres tipos. En el mundo laboral
apareció el sindicalismo; en el de la política, el socialismo; y en el
socio-económico, el cooperativismo.
Una de las cosas que sucedieron en la transición económica
al postfordismo, además de la creciente flexibilidad,
fue la emergencia de transformaciones muy rápidas en lo que podemos llamar la
cultura del consumo. La relativa estabilidad que había existido durante los
años 1950 y 1960 en términos de patrones y hábitos de consumo, desapareció en
los años 1970 y 1980 con la insistencia en la flexibilidad de los mercados, la
diferenciación, lo efímero, la moda...
Fue una transformación crucial del funcionamiento del
capitalismo en el campo cultural. Y se reflejó en la idea de que la única
liberación posible es la del consumidor, puesto que el consumidor es el centro
de la flexibilidad. Es él quien pide, quien se cansa de una cosa y busca
otra...
Sin embargo, aunque pienso que la transición cultural entre
los años 1950 y los 1980 es importante por sí misma, no la veo como una ruptura
con el modernismo. Y no creo que la diferencia entre los años 1950 y 1960 y los
años 1980 se pueda caracterizar como una diferencia entre el modernismo —tal
como lo describía Baudelaire, por ejemplo— y lo que
más tarde comenzó a llamarse postmodernismo.
Cuando investigué la manera en que la gente intentó definir
el modernismo en el siglo XIX, me encontré con que no tenía nada que ver con la
definición de lo “moderno” que daban los postmodernistas
de los años 1980. Si analizamos el ambiente cultural del París del Segundo
Imperio (los años 1850 y 1860 se consideran tradicionalmente un periodo
modernista), vemos que hay muchos paralelismos con lo que sucedió en los años
1980.
El modernismo en el periodo de las vanguardias propugnaba resistir o trascender al capital. Y el postmodernismo más bien lo celebra como el horizonte final de la Historia. Creo también que la política postmoderna fue un modo de responder a los movimientos de finales de los años 1960. ¿Qué pedían los movimientos estudiantiles de 1968? Pedían una cierta libertad para explorar sus propias raíces. Y el capital encontró una respuesta política para esta demanda. ¿Queréis libertad? Muy bien, ¡podréis tenerla en la esfera del consumo!
Me pregunto si no es hora de plantear la separación absoluta entre Estado y nación, al igual que se consiguió el funcionamiento en esferas distintas de la religión y del Estado. Para que pueda servir realmente a toda la sociedad, el Estado debe ser no sólo aconfesional sino también anacional.
Por supuesto, el Estado debe garantizar el ejercicio de las creencias nacionales, sus ritos, sus liturgias identitarias. E incluso proteger las manifestaciones culturales, empezando por la lengua, propias de una determinada creencia nacionalista, mayoritaria (española) o minoritaria (catalana, vasca o gitana).
Podemos hacer que el Estado-nación sea un anacronismo inofensivo, como lo es ya el Estado confesional. Y podemos liberarnos de los círculos viciosos.
Después de veintiséis años de vigencia de la Constitución española, continúa pendiente la articulación del Estado español como Estado plurinacional. Durante el periodo citado, hemos padecido, además de una falta de reconocimiento jurídico-político de nuestra específica y plural identidad nacional, la insensibilidad de las máximas instancias del Estado español hacia las realidades nacionales de Galiza, Euskadi y Catalunya.
Ya que, lejos de secundar nuestras aspiraciones democráticas, no han considerado como propia la responsabilidad de difundir entre la ciudadanía española la cultura de la plurinacionalidad y de la pluriculturalidad, como elementos de cohesión social y política.
Después del último tiempo político, caracterizado por la prepotencia, el autoritarismo y el uso abusivo de los resortes del poder al servicio de las políticas involucionistas del PP, el nuevo escenario político español y los retos globales —europeos, estatales y nacionales— constituyen una auténtica oportunidad para abordar, con sentido democrático, el necesario impulso al diálogo y a la negociación para un gran acuerdo de Estado.
Se nos presenta una ocasión singular e irrepetible para afrontar y resolver algunos de los retos pendientes desde 1978. En este sentido, las naciones históricas ofrecen una gran oportunidad para demostrar que otra España es posible, y para poner en valor el “nuevo talante” expresado con tanta vehemencia por el actual presidente del Gobierno.
Frente a la España unitaria y el modelo uniformista que son los principios que inspiran la mera actualización de una vieja visión centralista; y frente al modelo de la “España plural”, sinónimo del ya superado café para todos de la transición, Galeusca propone un proyecto para construir realmente un Estado plurinacional moderno y respetuoso con las realidades nacionales e históricas que lo componen.
Nuestras reivindicaciones, fundamentales para el futuro democrático de nuestras respectivas naciones, tienen como columna vertebral la creación de un auténtico Estado plurinacional y la asunción de una nueva cultura política, basada en el respeto y reconocimiento de las naciones que conviven en el Estado español.
Este reconocimiento resulta absolutamente necesario en una Europa en proceso de construcción económica, social y política que ha de ir apuntando, a medio plazo, a una redistribución del poder político entre sus diferentes niveles y al reconocimiento de las realidades lingüísticas, culturales y nacionales que conviven en su seno.
Los socialistas vascos elaboran una propuesta para la reforma del Estatuto en la que abogan por más transferencias y una mesa de partidos para su debate. La propuesta elaborada por el PSE-EE como base para la reforma del Estatuto de autonomía propone el reconocimiento del País Vasco como una ‘comunidad nacional’ dentro de la ‘España plurinacional’.
De cara al futuro, el documento de los socialistas vascos sostiene que el autogobierno de las nacionalidades y regiones en la España plural “no será del todo satisfactorio si el Estado desconfía de su utilidad y por ello tiende a su rebaja o desnaturalización”.
En una reciente circular de la comisión ejecutiva federal del
PSOE (“Puntos de vista”, 1 de marzo de 2005) sobre la ruptura anunciada por el
PP del compromiso Zapatero-Rajoy para hablar de la
reforma constitucional y otros temas conexos, se pone de manifiesto una
contradicción importante del PSOE que la ciudadanía está percibiendo, y que
está siendo utilizada ventajosamente por el PP como crítica de fondo.
Cuando los socialistas decimos que “nuestro modelo de Estado
es la Constitución” y a renglón seguido afirmamos que “ahora es el momento de
actualizar nuestra Constitución y de poner al día, también, nuestro Estado
autonómico”, lo que la gente entiende es que los del PSOE somos tan “listos”
que vamos a cambiar la Constitución sin cambiarla, átame esa mosca por el rabo.
Es como decir que el modelo de la vasija que queremos hacer
es la vasija actual, que vamos a romper en parte para volver a fabricar la
misma vasija. O hay que explicarlo mejor o, para ese viaje, no salgamos de
casa.
Creo que en las declaraciones del Gobierno y del partido se
confunden dos posibilidades: una cosa es estar dentro de la Constitución en lo
que se refiere a seguir lealmente el procedimiento establecido en ella para su
reforma, y otra cosa diferente es estar dentro de la Constitución en cuanto a
no querer cambiar sustancialmente nada.
Si las “reformas tasadas” de la Constitución incluidas en el
programa electoral del PSOE se quieren hacer sin que afecten a la sustancia del
modelo del Estado de las autonomías (como retoques superficiales o
“cosméticos”), pues es hora de decirlo claramente.
Sin embargo, si con esas mismas reformas (junto con la
interpretación flexible que se pueda hacer de otros artículos de la
Constitución y con las reformas de los Estatutos de autonomía) a lo que se
quiere llegar es a un modelo federal, pues debería proclamarse públicamente
también, explicando a la gente lo que ello significa. Creo que sólo así se
despejará en la ciudadanía la confusión: que se pretenda cambiar la
Constitución sin cambiarla. Y sólo así vaciaremos de contenido la crítica de
fondo del PP.
Hasta ahora puede que haya sido políticamente rentable nadar
y guardar la ropa. Nadar: hacer creer a los nacionalistas que estamos
dispuestos a llegar muy lejos en el modo de interpretar la Constitución y en su
reforma. Guardar la ropa: hacer creer a los desconfiados votantes del
nacionalismo españolista, tanto del PP como del propio PSOE, que no queremos
cambiar nada “sustancial” de la Constitución. Pero creo que esta
indeterminación no se puede sostener más.
Ha llegado el momento de definir claramente el espíritu (es
decir, el alcance) de los cambios que se propugnan. O quizás hay tantas
contradicciones interna dentro del propio PSOE que no es posible definir ese “a
dónde” nos dirigimos que pareció haberse acordado en el documento de Santillana.
La disyuntiva es: “reformas tasadas” simplemente para
arreglar pequeñas disfunciones observadas en la Constitución (el impedimento a
la mujer para la sucesión al trono, la falta de operatividad del Senado,
etcétera) o bien “reformas tasadas” que planteen (junto con la interpretación
flexible de otros artículos, la ampliación de los Estatutos de autonomía y la
reforma de la Ley de Régimen Local) cambios sustanciales en la distribución de
competencias, el funcionamiento, el control y la coordinación de los poderes
del Estado (central, autonómico y local).
En mi opinión, España necesita optar nítidamente por el
modelo federal, defendido desde siempre por los socialistas, con todas las
connotaciones simbólicas que ese término libera. El PSOE debe optar por ese
modelo y decirlo claramente. Para que todos sepan a qué atenerse y cada uno se
retrate en relación con esa postura: el PP y los nacionalistas.
Creo que el PSOE debería presentar públicamente un estudio
serio y riguroso de derecho comparado acerca de lo que, a nuestro juicio,
funciona y no funciona en los regímenes federales avanzados (como Alemania,
Suiza o EE UU). Es decir, acerca de la administración única, del modo de
financiarse, de la representación exterior, de la política lingüística, de cómo
se pueden coordinar ciertas políticas, de la falta de control del gasto o las
excesivas restricciones al mismo, del recorte encubierto de competencias
mediante leyes armonizadoras...
Fundamentándose en ese estudio y en el conocimiento de
nuestras singularidades, el PSOE debería hacer una propuesta clara. Siempre con
la guía del modelo federal y enlazando con las propuestas ya comunicadas por
los socialistas vascos, catalanes y andaluces.
Un Estado débil es lo que le interesa al poder económico: lo
superaría más fácilmente que a un Estado de otra índole.
El Estado fuerte, sin definirlo mejor, no equivale a
justicia social. Estados fuertes son las dictaduras (fascismos y estalinismos).
Por el contrario, una democracia fuerte (una democracia verdadera) serviría muy
bien para contrarrestar los excesos de los ubicuos y rapaces poderes
económicos. A mí no me asusta una España confederal, dado que propugno una
confederación mundial de países.
Además, como individuo y ciudadano libre, no espero a que me
concedan el derecho a la autodeterminación, sino que actúo sin someterme a
ningún privilegio. De ahí que provoquen tanta resistencia los
principio federales.
El hundimiento de una cultura política
El Carmel ha resurgido, y es ciudad indignada pero alegre.
Si alguien quiere sanar de ese estado de aburrimiento generado por las élites depresivas —de ese spleen
que atraviesa la cultura catalana cual verdadera kryptonita
para el alma—, que venga aquí a patear calles llenas de vida.
Se nota un empeño en tratarse bien unos a otros, con la
conciencia de que la solidaridad bien entendida empieza por la buena educación.
Este vecindario sabe muy bien que se empieza por no ceder la acera a las
abuelitas y se acaba vaciando un cargador de ametralladora en el patio de un
colegio.
Si las escuelas de formación de cuadros de los partidos
políticos fueran tales, habrían traído ahora y aquí a sus alumnos; y los
tendrían ahora a todos caminando en fila y cogiditos al cordel —cual obedientes
escolares— y con los ojos bien abiertos, presenciando un hecho histórico: lo
que se ha hundido estos días en El Carmel no sólo han sido las viviendas de un
montón de buenas gentes, sino la enfermiza pretensión de seguir gobernando este
país y esta ciudad mediante una cultura política inservible hoy en día.
El pecado de la cultura progresista catalana no sólo es ser,
como dice Miquel Porta Perales, una combinación de paternalismo y populismo,
sino haberse creído su propia propaganda.
Para poder sobrevivir bajo una dictadura feísta
y desagradable, los catalanes tuvimos que fabricarnos un país a medida, que
pareciese una república de ciudadanos justos y benéficos, donde florecían las
colecciones de libros, el Palau de la Música Catalana
se llenaba para escuchar a señores que cantaban con un pie apoyado en una
silla, la juventud conseguía crear su sindicato democrático de estudiantes y
los párrocos ponían locales al servicio de la construcción de la autonomía
obrera.
Como muy bien ha expuesto Francesc
Escribano en su libro sobre Puig Antich, ante este
panorama Franco quiso dejar bien claro quién mandaba aquí; y plantó el garrote
vil en la Modelo. Poco más de dos años después, salió a la calle un millón de
segadores reclamando autonomía.
Y lo que llegó, en cambio, fue el gambito
magistral de la derecha inteligente, personificado en un Tarradellas
que actuó como cortafuegos de urgencia para una izquierda sociopolíticamente
hegemónica (el porqué de la veneración de esa izquierda hacia quien le puso el
dogal en el cuello y la hizo arrodillar, es un misterio de proporciones
cósmicas).
Pujol fue un gramsciano
consecuente; y supo hacerse con la hegemonía política al haber percibido a
tiempo que, bajo esa desorientación, la hegemonía cultural se desplazaba a su
favor. Pero sobre todo, mientras Catalunya emprendía
un camino que quiso ser de reconstrucción democrática y nacional, la sociedad
occidental evolucionaba hacia un modelo postindustrial,
mediante rápidos saltos no sólo tecnológicos sino culturales.
Las masas urbanas no se reconocerían más en paradigmas
sociopolíticos pensados para otro tiempo. Pero las élites
políticas —todas, socialistas, convergentes y pesuqueras—
siguieron creyendo que los parámetros de comunicación entre ellas y la
ciudadanía pasaban aún por el entretejimiento de complicidades generado durante
el tránsito de la dictadura a la democracia y la recuperación de una nueva Catalunya.
Tan nueva ha sido que el buenismo
practicado por tirios y troyanos, el populismo adobado con paternalismo, ha
resultado ser el último recurso de una cultura política que hoy yace enterrada
en el fallido túnel de maniobras, con Carlinhos Brown cantándole el gorigori.
La intelectualidad más excelente del mundo mundial es
incapaz de explicarse el éxito de ‘Operación Triunfo’ (el elitismo depresivo no
concibe que la gente normal quiera presenciar historias que acaben bien). Ese
nuevo populismo ilustrado es un cazamariposas con el que se pretende atrapar a
una estampida de bisontes (escuchen a algunos que creen que los inmigrantes
extranjeros les desplazan como beneficiarios de la asistencia social y
escalofríense... si se lo permiten los aires de la Cerdanya
o las melodías de ese Liceu tan presurosamente
reconstruido).
El paternalismo populista no es otra cosa que el piñón fijo
que uno pone cuando está convencido de que las complicidades construidas antaño
bastan para mantener el buque a velocidad de crucero. Pero las complicidades
son hoy solamente meros sobreentendidos entre élites
políticas y culturales, jaboncillo que lubrica todavía un mundo de instituciones
y grupos. Fuera de eso, tales complicidades se presentan como cultura marciana.
De ahí los aprietos de dirigentes y funcionarios ante el súbito baño de realidad que han sufrido. Y de ahí la mala gestión de la crisis ante la cual el ciudadano votante de la izquierda plural se asombra.
El Estatut
El Gobierno central considera que, pese a la difícil etapa que se abre con la llegada del Estatut al Congreso y la presión que ejercerá el PP, la propuesta catalana debe servir para acometer una serie de reformas necesarias en la estructura de la Administración. Y asimismo para clarificar cuáles son los límites del Estado de las autonomías.
La financiación, uno de los temas fundamentales, deberá ser
reformada, empezando porque se rechaza que Catalunya
recaude “todos” los impuestos. El Gobierno reconoce que Catalunya
podría recibir más dinero; y mientras se negocia la fórmula estatutaria, el
Ejecutivo empezará a definir un nuevo modelo general que pueda aprobarse en el
futuro.
Este modelo se basará en la clara separación de los
impuestos en tres clases. Los que pertenecen en exclusiva al Estado (sociedades
y probablemente el IVA), los compartidos y los únicamente autonómicos. La
creación de estos tres bloques de impuestos claramente delimitados comporta una
mayor autonomía fiscal. La Agencia Tributaria del Estado recaudaría los suyos;
la de Catalunya, los que le correspondan; y una
agencia consorciada se encargaría de los impuestos
compartidos.
Se quiere
tener la facultad de decidir no para la secesión sino para la construcción en
común. Ello representa el cuestionamiento del actual ‘demos’, como está
configurado en la Constitución. Tanto los Estados como las naciones son
realidades históricas y no naturales, susceptibles de cambios.
Cuando
Zapatero defiende la España plural, defiende que el ‘demos’ soberano es único,
aunque diverso. En cambio, cuando desde Cataluña o desde el nacionalismo vasco
se alude al Estado plurinacional, se quiere significar que el ‘demos’ es
complejo y está integrado por naciones distintas. A las cuales correspondería
la decisión de compartir la soberanía y, por consiguiente, la defensa y el
mantenimiento de unas estructuras estatales comunes.
A los
socialistas vascos (los de verdad, no los que han actuado como lacayos del PP)
nos corresponde la palabra por lo menos tanto como a ZP.
¿Podrá
continuar José Luis como secretario general del PSOE? Por supuesto que sí, en
la medida en que no someta a la población al expolio del sistema capitalista,
por un lado. Y en la medida en que aplique el internacionalismo para entender a
la ciudadanía vasca, por otro.
Hubo aquí Gobiernos de coalición entre nacionalistas vascos
y socialistas. La ciudadanía, números cantan, vuelve a reclamar ese tipo de
acuerdos. A los socialistas nos incumbe comprender que si nos movemos en el
ámbito del nacionalismo español, no es más terrible convivir con el
nacionalismo vasco. Nuestra perspectiva tendrá que ser la de articular en un
conjunto armonioso las naciones que existan de hecho, para después ocuparnos de
lo nuestro: de la justicia social... de la libertad, la igualdad y la
fraternidad.
En la sociedad de mercado todo es susceptible de convertirse en mercancía. Y por supuesto, la política no es una excepción. Vender es vencer. Y es innegable que hay vendedores natos. Pero sólo el más avezado de los vendedores es capaz de vender la más evanescente de las mercancías: la ilusión.
Lo curioso es que, desde que el marketing ha entrado en política, el político es a la vez vendedor y mercancía. El político tiene que colocarse a sí mismo. Y para eso hacen falta dos cosas: una imagen atractiva y una buena publicidad. Ahora bien, el atractivo de un político, ¿dónde radica? Eso sí que es un misterio.
Hace unos años (en realidad, no tantos), para resaltar ese origen misterioso se hablaba del carisma. Se decía que el político necesitaba tener carisma para convertirse en un auténtico líder. Pero algo ha cambiado a ese respecto. Ahora ya no se habla de carismas, sino de talantes. Frente al carácter esotérico del carisma, el talante alude a las actitudes y a las formas.
Podemos notar que alguien no proyecta una imagen del todo clara y que debería corregir eso. A veces da la sensación de que ni cree demasiado en su discurso, ni le importaría que se fuera al garete. Hay que dejarse de medias palabras. Lo que se percibe muy pronto y deteriora la imagen de un político, es su miedo a hablar con claridad.
Cogen los
votos y dan la espalda a las personas de buena fe. Se están riendo de los
afiliados.
En el PSOE
hay dos burocracias igualmente caducas: la de Felipe González y Rodríguez
Ibarra y la de Rodríguez Zapatero y José Blanco. Las pugnas caciquiles
favorecen al PP y a todos cuantos niegan que la estructura social puede modificarse, que otro mundo es posible...
En el último ‘El Socialista’ del que dispongo se puede leer
un artículo firmado por Francisco Bustelo. Un hombre
que sigue la filosofía política de Pablo Iglesias y que encabezó el sector
crítico en el congreso del PSOE de 1979. Nos habla ahora sobre ética en el
devenir de la política.
Reconoce el autor la existencia de políticos que utilizan el
dinero público en beneficio propio o en el del partido al que pertenecen, a
pesar de los controles instituidos, tanto internos como externos. La honradez
se presenta como el remedio para suprimir tales prácticas. Una honradez que el
PSOE, más que ningún otro partido, tiene razones históricas para exigir a
quienes lo integran. Es la dimensión moral que debe acompañar a los políticos,
si éstos quieren ser motor del cambio social, si quieren ganarse la confianza y
el apoyo de la ciudadanía.
Dice Francisco Bustelo que la
resolución aprobada por unanimidad en el congreso de 1979 (y cuyo autor fue él
mismo), pronto cayó en el olvido y que nunca se volvió a hablar de ella. No
estoy de acuerdo con su tácita benevolencia: “Llegaron otros quehaceres y un
gobierno de 14 años, con logros notables”. Entre otras cosas porque, como añade
más adelante, la falta de ética en un político es un pecado doble: arruina la
confianza que le otorgaron sus votantes y causa la deshonra del partido al que
pertenece y representa.
Yo especificaría otro perjuicio derivado de la falta de
escrúpulos. El mal ejemplo se propaga. Quienes deterioran el tejido social ya
no son aptos para postular ningún cambio de esa misma sociedad. Pienso que lo
“ejemplarizante” ha de venir siempre de arriba hacia abajo, si se busca que la
ciudadanía se espabile. Nunca los políticos deben olvidar, como premisa
irrenunciable, su honradez y su capacidad de servir al prójimo.
Nuestro partido debe reformar sus normas internas, ya que
las actuales tienden a favorecer situaciones opacas: los amiguismos, los
intereses de familia, las familias de intereses... ¿Hay otra forma de
funcionar? Sí. Con la limitación del tiempo de permanencia en los órganos
directivos, con la incompatibilidad de cargos, con elecciones primarias y con
listas abiertas... En resumen, haciendo que cada afiliado disponga de su voto y
que utilice de verdad su condición de elector y elegible. A los equipos de
gobierno han de pertenecer los mejores, tan sólo personas con méritos propios y
con ganas de esmerarse.
Si no se cultivan dentro del PSOE la dignidad y el verdadero
sentido de la política, resultará imposible predicar estos valores fuera, entre
el gentío escéptico cuya fuerza reside en la abstención.
La
movilización ciudadana —producida de forma instantánea, en general— nos está
indicando que quiere una democracia de calidad, participativa y con
deliberación. Reconocerse, en suma, en la política democrática.
Es
necesario que la democracia representativa deje de ser el modelo único de
democracia existente, para que los partidos no llenen toda la escena política.
Se impone un proceso de cambio, encaminado a modelos de democracia directa y
participativa, contando con los colectivos sociales vertebradores
de la vida política del país.
Ello
requiere el paso previo por un proceso de cambio de la democracia
representativa, difícil y complejo. Porque nuestros políticos seguramente se
opondrán —como ya se ha visto en el último congreso federal con la supresión de
las listas abiertas— a todo cambio que les reste protagonismo o les quite el
control que ahora practican.
Se hace,
pues, necesaria la reforma de los estatutos del PSOE, para que nuestro partido
sea más transparente en su funcionamiento. Lo que supone que las decisiones
importantes se tomen desde las asambleas generales y se transmitan a la
dirección, y no al revés. De modo que las asambleas, formadas por todos los
afiliados del partido, sean el órgano rector y de control del mismo.
Toda
estructura tiende a autoconservarse. Los partidos son
estructuras, y las medidas que proponemos los amenazan de alguna manera; por lo
que su reacción siempre será de hostilidad hacia esas reformas democráticas.
Es una
paradoja muy complicada. Los partidos son hoy por hoy las herramientas
transformadoras de la política más eficientes; pero, al mismo tiempo, son la
traba más grande a esas transformaciones.
Si es usted socialista, buen candidato y ejerce ya de
alcalde, o si su rival político está maduro para ser batido, entonces no se
preocupe: no tendrá que someterse a unas elecciones primarias. El poder es el
poder; y con el poder no se juega. José Blanco, secretario de Organización del PSOE,
lo tiene claro. Las primarias en las elecciones municipales y autonómicas de
2007 serán sólo para candidatos sin opciones de triunfo.
Hasta aquí ha llegado el ejemplo de democracia interna. Los
socialistas no quieren más tránsitos traumáticos, igual que sucedió con José Borrell y Joaquín Almunia. Los socialistas quieren afianzar
el poder y mejorar su exigua mayoría parlamentaria reviviendo la revolución
municipal de 1983, cuando ganaron en las grandes ciudades.
José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco, conscientes de
la historia del partido, no sacrificarán a los buenos candidatos por otro
ejemplo de democracia interna. La democracia es para los perdedores. Y el
poder, ya se sabe, a menudo es más importante que los principios.
No es la primera vez que se sacrifican las primarias. Ya se
hizo en anteriores elecciones en aquellos lugares en los que se gobernaba en
coalición. Lo más curioso es que el presidente Zapatero llegó al poder gracias
a las primarias del año 2000, y cuando muy pocos confiaban en él como líder del
partido. Pero donde las dan, las toman. El PSOE sólo gobierna cuatro de las
grandes ciudades españolas... y así no se controla este país nuestro: el de las
tensiones territoriales. En Ferraz se lee más a Maquiavelo que a los teóricos del socialismo de base.
No me parece a mí que los votantes del PSOE sean ingenuos o sumisos. A menor democracia interna, mayor abstención. ¿Fue el 14 de marzo la apoteosis de Rubalcaba, José Blanco y Zapatero? Yo entendí que los ciudadanos no quisieron mantener en el poder a la mentira y a los émulos de Bush.