Estimados amigos:

La derecha no hace política en España. Más simplemente, hace llamadas cotidianas “a la insurrección” ante casi todos los problemas que se vienen planteando. Al borde de la insurrección. Porque perder el gobierno del país ha sido para ellos traumático.

Si a lo anterior añadimos los gobiernos progresistas en coalición con nacionalismos de izquierda en Cataluña y Galicia y las elecciones en el País Vasco, que “han aplacado” la deriva confederal del PNV abriendo otras perspectivas de mayor concordia y menor enfrentamiento, vemos que el PP —y él lo sabe— puede quedarse sin el caldo de cultivo de su hipernacionalismo excluyente.

Añadamos que el Gobierno de la nación parece decidido a abordar y solucionar el problema de cómo nos organizamos territorialmente. Y que también se está en una excelente situación para negociar con éxito los Estatutos de Cataluña y Galicia. Que sin duda pueden ser la guía a seguir por el País Vasco.

No se puede ser inocente. Las dificultades para llevar a buen puerto el proceso son enormes; por los colosales intereses, casi siempre inconfesables, en juego. La derecha pretende dinamitar sin más el proceso, pues necesita el enfrentamiento y la crispación para subsistir. Y en esto aplica todo su poder mediático.

Tampoco están exentos de responsabilidad los partidos nacionalistas, que siguen con sus discursos del victimismo y “contra Madrid”, que carecen de comportamientos leales... y que de cuando en cuando algunos de ellos invocan la ruptura de la nación española.

Salidas no democráticas sólo podrían empujarnos a abismos balcánicos. Donde no reinan precisamente la libertad, las garantías de los derechos humanos y la solidaridad, sino todo lo contrario.

Está claro que es difícil componer un proyecto plurinacional con garantías de estabilidad durante un largo lapso de tiempo. No sería deseable un sistema confederal que hiciera imposible articular la financiación suficiente y la solidaridad en los impuestos (prestaciones equiparables de la sanidad, de la educación y de los otros servicios sociales).

En este tema no se debe actuar con frivolidad, con oportunismo electoral... Unos envolviéndose en la bandera de España para preservar la unidad... Y otros utilizando las “ofensas de España”... Sobran los nacionalismos irredentos, proclives a dar certificados nacionales que más bien parecen deseos de limpiezas étnicas.

Estamos, afortunadamente, en libertad y con hegemonía de la izquierda institucional. Aprovechemos esta circunstancia para idear una solución progresista al problema de la articulación territorial del Estado español, de Las Españas... Ejerciendo la pedagogía política; desplazando a los populistas y demagogos; y dando nuestro apoyo y un voto de confianza al Gobierno de la nación.

Sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña

Me propongo examinar los alarmantes mensajes de la derecha en torno a que el Estatuto de Autonomía de Cataluña romperá la unidad de España. Y también me asombra que esos mensajes hayan calado en una parte importante de la opinión pública.

Con un claro oportunismo político y —con su propio lenguaje— “sin el menor sentido de Estado”, multiplican e incluso hacen monotemático un mensaje: el de la ruptura de la Patria, que saben que por su arraigo les sube como la espuma en las encuestas de intención de voto.

Y mientras tanto, desde la izquierda, las voces que se escuchan son para banalizar el tema, como para “quitarle hierro”. Ante la mayoría de los ciudadanos surge una sospecha. ¿Se está realizando una acción inconfesable (la ruptura de España, su entrega a los separatistas por un puñado de votos), contraria a la pervivencia de la nación española?

Asimismo, se plantea que todo lo que se está haciendo es al margen de la Constitución y en franca ruptura de ésta. Se presenta por la derecha a la Constitución como algo inalterable bajo ningún concepto, casi de naturaleza “revelada”. En vez de cosa que realizaron los hombres en una determinada situación histórica; y para resolver unos problemas de convivencia cuando existía una situación política concreta, fruto de una determinada relación entre las fuerzas sociales.

Y no es que me parezca banal la reforma de la Constitución. Ésta nos ha dado el mayor periodo de libertad, prosperidad y estabilidad política del que nunca en toda su historia había gozado la nación española.

Nuestro desventurado país ha tenido desde que se promulgó la Constitución de 1812 (la entrañable “Pepa”) múltiples constituciones, estatutos reales, dictaduras teocráticas, leyes orgánicas del Estado fascista, soberanía compartida con el Rey, soberanía de la nación... Monárquicas, republicanas, reaccionarias las más de las veces, algunas progresistas... Pero siempre han sido una catarata de situaciones político-jurídicas que desbancaban a la anterior e impedían la estabilidad, o que buscaban el imponer una situación de quietismo para suprimir cualquier avance de las clases populares.

Resulta evidente que la Constitución es obra humana. Y por lo tanto puede y debe ser modificada, si de ello saliese un bien mayor para la sociedad en la que se establece como marco político-jurídico. Los cimientos de la sociedad no van a hundirse. Y si por algún prurito, poco inteligible, no se quiere modificar el articulado, cabría la posibilidad de añadirle enmiendas, tal como se ha hecho con la Constitución de los EE UU de América.

No obstante, no se me escapa el cálculo de aritmética parlamentaria y de oportunismo político electoral que maneja la derecha, al pretender a toda costa que lo que está ocurriendo es una reforma constitucional. Si eso se aceptase, se podría dar la paradoja de que una iniciativa legal de la izquierda (el Estatuto de Autonomía de Cataluña) le hiciera perder el poder. Dándoselo a la derecha, la cual de inmediato frenaría la reforma.

¿Por qué el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña le da votos a la derecha?

¿Por qué el mantener activo a toda costa el enfrentamiento con ETA
—especialidad de Aznar, por cierto—, el negar siquiera la posibilidad de llegar a acuerdos con quienes quieran dejar las armas e integrarse en la vida político-social del país también da votos a la derecha?

¿Por qué la Asociación de Víctimas del Terrorismo parece estar en poder de personas que, de una manera descarada, sirven a los fines de la más descarada estrategia de la derecha?

Creo que la contestación a todos estos interrogantes es clara. Se ha perdido una batalla cultural e ideológica, por parte de la izquierda, sobre la razón de ser y el proceso constructivo de la nación española, de “Las Españas”. Abandonado este concepto —como muchos otros— a la interpretación “eterna” de la derecha, los ciudadanos han sido educados en el más rancio patrioterismo que lo inunda todo “de una forma natural”.

Así, España es una tierra elegida por Dios: vino a vivir Tubal, nieto de Noé, con el cual figuramos los españoles desde épocas muy tempranas entre los elegidos de la historia bíblica. Este mito era muy querido de los “historiadores” decimonónicos, antes de que se fueran popularizando los otros grandes mitos del nacional-catolicismo: El Pilar de Zaragoza, Santiago Matamoros... Los mitos patrióticos se suceden y se ponen de moda unos después de otros.

La Reconquista se utilizó como yunque para forjar el casticismo español y sus componentes más significativos: la defensa de la fe católica, la limpieza de sangre, el ser “hijodalgo”.

Uno de esos mitos más queridos es el de la temprana recreación de España (hubo otra anterior, la de Recaredo en el siglo VII, al convertirse al catolicismo) por los Reyes Católicos a finales del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón por el matrimonio de ambos reyes.

La conquista y cristianización de América, el Imperio forjado a cristazos contra moros y herejes, Lepanto y los Tercios... La decadencia después, no se sabe muy bien por qué: Trafalgar... Lo que no impide que los hijos de la raza ejecuten proezas guerreras, a pesar de estar en la inferioridad en la que situaban a España sus enemigos seculares: ateos, judeo-masones... y sobre todo sus enemigos interiores, los malos españoles que no quieren su grandeza.

Aun así, los bizarros españoles baten al moro en Tetuán, mantienen la dignidad patria bombardeando con su flota Valparaíso y El Callao. Por fin, en absoluta inferioridad de medios, nos enfrentamos a los yanquis protestantes, por los restos del Imperio. A la flota la hunden con honra, en Cavite y Santiago de Cuba. Y nuestra fiel infantería aguanta impertérrita con la bayoneta calada en Cascorro, en la iglesia del Baler. Ya lo dice la canción: “Cinco mil filipinos, treinta españoles...”.

En definitiva, la defensa del manifiesto “destino heroico de lo español”, del casticismo, del “España es diferente”. No se explica bien cuál es ese manifiesto destino, más allá de ser la “reserva espiritual de Occidente”, el odio contumaz al extranjero, la desatención al saber y la ciencia, de foráneos y especialmente de los propios.

Y desde luego más allá de ser una “unidad de destino en lo universal”, con un ardor unitario no como el francés de los jacobinos (que mediante la escuela pública y el servicio militar obligatorio crea ciudadanos en gran medida fieles a las libertades y a las instituciones que las encarnan). El ardor unitario español no desarrolla la cultura de los ciudadanos, sino que es fundamentalmente clerical y cortesano. Necesita de siervos y no de personas libres. Y excluye de forma terminante la diversidad de Las Españas; la sola mención de esa diversidad constituye un sacrilegio.

Un hipernacionalismo, en fin, que más tiene que ver con el nacionalismo de la “gens”, del vínculo de la sangre —paradojas de un país fundamentalmente mestizo—. Pues no son otra cosa las pruebas de limpieza de sangre, exigidas para los puestos de Estado hasta las Cortes de Cádiz.

Pero se trata de un nacionalismo centralista extraordinariamente pobre. Lejos de la filosofía política de la “gens” germana o del nacionalismo jacobino francés, el nacionalismo españolista se mueve entre los más burdos tópicos, de los que hecha mano con asiduidad. Un solo e ilustrativo ejemplo: en la inauguración del monumento a Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro, a principios del siglo XX, hicieron que saludaran a Alfonso XIII unas jóvenes ataviadas de “modistillas”, como si hubieran sido sacadas de un fragmento de zarzuela.

Y es que una parte sustancial de su inconsciente, la derecha de la época lo traslada a la zarzuela, en la que expone su visión de cómo quiere que sea el pueblo: ignorante siempre, zafio las más de las veces. Y desde luego infantil, y por lo tanto necesitado de ser dirigido. Pero se equivocaban. El Felipe de “La verbena de la paloma” es un tipógrafo que sin duda era ya un afiliado a la socialista UGT, o al anarcosindicalismo de la CNT; y don Hilarión sin duda es un librepensador.

Frente a esta visión tópica, maniquea y mística de la Historia de la Nación Española, va surgiendo —poco a poco, a trompicones, ahogada en un mar de prejuicios históricos— lo que posiblemente sea la historia real, hecha por hombres y reflejo de éstos y de sus pasiones, luchas y propósitos.

Aunque el nombre de Hispania surge con la colonización romana, nada parece indicar ningún concepto de nación. Así como tampoco hubo ninguna nación en los reinos visigóticos que se fundan sobre las ruinas de Roma.

Parece, asimismo, que la Reconquista no es la primera y gran prueba del “crisol patrio” frente a la morisma, sino algo mucho más complejo. La presencia de la religión islámica, la creación de los reinos medievales, la lucha por la hegemonía... pero también la posibilidad de vivir en paz cristianos, musulmanes y judíos, en Toledo y en otros sitios. Rafael de Altamira y Américo Castro empezaron a construir una historia sin concesiones a los equívocos.

El tiempo de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, considerado como real e indiscutible hito de la creación de España, está más cerca de una simple unión matrimonial o de una confederación de Reinos que de una nación sola y única. De hecho, en ambos Reinos seguían existiendo Cortes y otras instituciones de gobierno.

Aún en tiempo de Carlos I (nieto de Isabel y Fernando, supuestos forjadores mediante el Trono y el Altar de la unidad política), el monarca tuvo que jurar, ante las Cortes de todos los reinos hispanos, que respetaría sus fueros.

Pero el declive de un cierto tipo de libertades ciudadanas ha comenzado de forma imparable: la expulsión de judíos y mahometanos, la utilización del Santo Oficio como policía política... Piedra angular de este proceso es la sublevación de los Comuneros en tierras de Castilla (téngase en cuenta que este movimiento es anterior a la primera revolución burguesa triunfante, la que llevaría a Oliver Cromwell a ser Lord Protector de las Islas Británicas; y al rey Carlos I, al patíbulo).

Con la derrota de los Comuneros desaparece el poder de la incipiente burguesía de las ciudades. Así como también desaparecen las milicias gremiales; y los gremios pierden todo su poder. La democracia concejil existente se borra de un plumazo, el Rey nombrará en el futuro a los alcaldes.

Es tremendamente paradójico que cuando, según la versión mítica de la historia de Castilla, ésta inunda con su espíritu los restantes reinos para iniciar un proceso de españolización, lo que de verdad ocurre es exactamente lo contrario: Castilla ha dejado de tener vida y proyectos propios, se encoge sobre sí, sin burguesía propia, sin gremios ni libertades.

Los vencedores, a partir de aquella época, dictan las supuestas señas de identidad castellanas: fanatismo religioso, quietud en el orden social, poder clerical y de la nobleza terrateniente y cortesana... Se cortan de raíz lo mismo la democracia concejil que los fueros y libertades conquistados por las picas de las milicias gremiales.

En Aragón y en el reinado de Felipe II, tras una serie de oscuros hechos, es ejecutado el Justicia Mayor Lanuza y se desarrolla un proceso similar al de Castilla. Y con los mismos resultados para los aragoneses en cuanto a pérdida de todas sus libertades.

La conquista de América sin duda supone una hecatombe para los pueblos conquistados. Pero se habla muy poco de quienes se oponen a la esclavitud de los americanos y al saqueo de sus tierras, de toda una escuela de eclesiásticos y juristas cuya cabeza más conocida es el padre Las Casas.

Y se empieza a producir la decadencia del Imperio por múltiples causas (no todas bien analizadas). El país se desangra armando ejércitos que sirven fundamentalmente a los intereses de la Iglesia Católica y a su hegemonía europea.

Los primeros Borbones, con sus luces y sus sombras, transitan por similares caminos, sin fuerza para dar un golpe de timón que cambie el rumbo; a la par que encorsetando al país en un paralizante absolutismo político. Tendrán que ser las Cortes de Cádiz, producto de la guerra contra la invasión francesa y de un movimiento liberal creado entonces, las que promulguen la Constitución de 1812. Por fin surge la nación española, quedando prefigurada tal y como la conocemos en la actualidad.

Los liberales de 1812 —por cierto, muy pocos y en un mar de ignorancia y analfabetismo— nos dicen al poner en marcha la Constitución: “Españoles, ya tenéis patria”. Esto es, se tiene patria porque se tienen derechos, porque se es ciudadano. Hasta entonces el Reino es del Rey y su familia. Las personas eran súbditos “del Rey nuestro Señor”; y se iba a la guerra “a servir al Rey”, no a la nación.

La nefasta historia del siglo XIX en nuestro desventurado país hizo que los liberales progresistas de Cádiz fracasaran históricamente. El Estado liberal se encuentra desde el primer momento con una guerra civil prolongadísima (las guerras carlistas). Y con una Iglesia beligerante en extremo que le negaba su legitimidad, “pues es arrogancia y blasfemia pensar que la soberanía popular y la nación están por encima de la soberanía divina”.

Los liberales basan una parte sustancial de su poder en el control de una facción del Ejército que puede ser movilizada por ellos. Pocos militares han gozado del prestigio del liberal Espartero, héroe de Luchana y Príncipe de Vergara, o de Prim, Duque de la Torre y héroe de Tetuán. Se inicia la tradición intervencionista: el pronunciamiento, el dar el grito (que posteriormente pasará terrible factura).

En fin, los liberales no son capaces de crear ni un Ejército Nacional ni una Escuela Pública Obligatoria. De tal suerte que ya mucho antes de la Restauración habían perdido su fe en ellos mismos, como élite rectora. Y sólo aspiran a mantener el orden público —lo que consiguen de forma brutal— y a estipular pactos con la Iglesia. Los liberales radicales pasan a ser radicalmente reaccionarios: dirigen el país desde el Ministerio de la Gobernación en connivencia con los caciques locales.

Sucede así que lo que la ultraderecha teocrática no pudo conseguir con las armas en la mano —los carlistas pierden todas las guerras—, lo consigue por un deslizamiento de los viejos liberales que convergen con los entonces llamados “neos”, católicos integristas y carlistas. Y este conglomerado es el que fabrica el mito nacional-católico español: Tubal, Recaredo, Santiago, El Pilar... Como sintetiza Menéndez Pelayo: “España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma…. ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra”.

Con la aparición a principios del siglo XX, y ya en plena Restauración, de los incipientes nacionalismos vasco y catalán, este nacional-catolicismo se convierte en ultraunitario, manejando los mitos de la unidad ya comentados, y si ello no es suficiente manejando la intervención militar. El griterío histérico alrededor de la supuesta ruptura de la Nación Española, igual que ahora. Después pusieron en circulación el “antes roja que rota”, lo que tiene la ventaja de una movilización masiva e incondicional de una parte de la sociedad, incluido el estamento militar.

No obstante, el modelo teocrático, autoritario y simplista de la Restauración se va agotando en todos los frentes, también en el ideológico (análisis de los males que embargan a España). Sobre todo después del desastre del 98.

La derecha y la Monarquía se agotan en un régimen aristocrático, clerical, fuertemente militarista (es en esa época cuando se aprueba la nefasta y liberticida Ley de Jurisdicciones, en virtud de la cual eran competentes para juzgar a civiles los consejos de guerra; o cuando se crearon las Juntas de Arma o Cuerpo, al margen de cualquier legalidad, para presionar a los Gobiernos), que no soluciona ninguno de sus males. Su última apuesta es el golpe de Estado de Primo de Rivera.

Pero ya una parte de los intelectuales, la generación del 98, intenta analizar los trastornos que aquejan a España. Sin embargo, nos vamos a detener en un analista y teórico algo posterior, pero cuyas reflexiones sobre los problemas de España tienen que ver mucho con la estructuración territorial de la nación española. Nos referimos, desde luego, a Ortega y Gasset.

¿Por qué tiene especial interés, aparte de por su erudición y preclaro intelecto? Pues porque sus reflexiones sobre la decadencia de España y sus propuestas sobre la estructura territorial, así como su elitista visión de la política y de la historia, fueron tomadas como suyas por una parte del falangismo español.

Puede leerse en “España invertebrada”, de Ortega y Gasset: “Así, cuando la masa se niega a ser masa —esto es, a seguir a una minoría directora— la nación se deshace... La gran desdicha de la historia española ha sido la carencia de minorías egregias y el imperio imperturbado de las masas”.

Recuérdese que fueron más tarde Herrero Tejedor, Torcuato Fernández Miranda y sobre todo Adolfo Suárez, quienes desde el poder iniciaron la construcción del actual Estado autonómico. Aparte del oportunismo político del “café para todos”, tenían desde luego un guión: el ensayo “La redención de las provincias y la decadencia nacional”, publicado por Ortega en 1931.

En el ensayo se plantea la separación abismal entre la España oficial y la real, entre la vida parlamentaria y “esos miles de villas polvorientas y opacas capitales de provincia”. Se plantea que en aquel momento “la vida cosmopolita” de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y poco más, era como unas pocas gotas de agua en un universo rural.

A esto lo llama Ortega “política madrileñista”. Y a su contrapunto lo denomina el imperio del provincianismo y del localismo; cuyas principales lacras eran el desinterés por la cosa pública, la abstención electoral y el fraude, el sacar electores y elegidos de la nada... Es decir, lo que definió Joaquín Costa como oligarquía y caciquismo, y que vampirizaba en su beneficio los resortes del Estado.

Indica Ortega que esos miles de villas polvorientas y opacas capitales de provincia viven en el “ruralismo”. Con una angostura e inmutabilidad de su horizonte vital, con unas capitales de provincia en donde no hay industria, poco comercio, ni ningún tipo de vida cultural. “Y en donde el jefe político o gobernador civil se pasea petulante... En suma: el ruralismo o espíritu rural sólo conoce una vida local, en el sentido más exagerado del término”.

Es decir, Ortega pone de manifiesto la inexistencia de una burguesía emprendedora en todos los ámbitos de la vida. Esto que lo escribe Ortega en 1931, es igualmente inmutable durante toda la dictadura franquista. Si acaso agravado por el terror, por la represión llevada a cabo durante la larga noche de la posguerra. Y así nos lo encontramos en los últimos años del franquismo.

Pretende Ortega encontrar la unidad política que “provoque automáticamente corrientes de vida pública capaces de movilizar en saludables torbellinos la inercia del mundo rural”. ¿Y cuál puede ser esa unidad política?, se pregunta. ¿El Ayuntamiento, la provincia, la gran comarca?

El Ayuntamiento dice que no puede ser la célula política dinamizadora, porque su tamaño es demasiado reducido. De hecho, dice que en algunos casos más que “ayuntamientos” hacen el papel de “disyuntamientos”.

Sobre la provincia dice: “Entre todas las cosas tristes, sórdidas, del próximo pasado español, acaso no haya nada más triste, lamentable y sórdido que la institución provincial. La unidad política local es la gran comarca. Organicemos a España en nueve o diez grandes comarcas”.

Insiste Ortega: “Organicemos a España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva”. Para concluir, dice que se imagina a las grandes comarcas con un Parlamento y un Gobierno regional, y que “la amplitud en self-government debe ser extrema; hasta el punto que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región”.

¿Por qué hemos realizado este seguimiento de Ortega? Primero, porque como queda dicho, él trazo el guión que otros pusieron en práctica de la España autonómica. Después, porque aun siendo un nacionalista español, esto no le impidió ver los males de la nación española y pretender solucionarlos con la libertad, creando lo que luego llamaríamos un Estado de las autonomías.

¡Qué lejos esta gran altura de miras del espectáculo bochornoso y envilecedor de la vida pública que nos ofrece la derecha española en el día de hoy! Sacando a pasear el espantajo de la ruptura de España, negando histéricamente la posibilidad siquiera de que las Cortes Generales, depositarias de la soberanía nacional, puedan discutir el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña aprobado por la inmensa mayoría del Parlamento Catalán.

La pregunta debería ser: ¿quién rompe España, quienes quieren crear un marco de convivencia entre catalanes y el resto de españoles o quienes ofenden gravemente a Cataluña y a sus gentes, no tomando en consideración siquiera sus iniciativas políticas de más trascendencia?

Lo cierto es que ese cálculo ramplón y electoralista de la derecha, ese envolverse en la bandera de la patria, ese sacar a paseo un patrioterismo rancio, es de extrema gravedad. Pues inyecta una presión artificial en la vida política, presión que a su vez origina enfrentamientos innecesarios. Hay un montaje tan pernicioso como tétrico para servirse del franquismo residual de la sociedad española.

Ortega y Gasset, diputado en las Cortes Constituyentes, se opone en 1931 a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y lo hace, con altura de miras políticas y acrisolada generosidad, en los siguientes términos:

“Ahí tenemos ahora España toda, tensa y fija su atención en nosotros. No nos hagamos ilusiones. Fija su atención, no fijo su entusiasmo. Por lo tanto, es urgente que este Parlamento aproveche estas dos magnas cuestiones (se refería además a la Ley de Reforma Agraria) para hacer las cosas ejemplarmente bien, para regenerarse ante sí mismo y ante la opinión. Quien no os lo diga así, no es leal”.

Termina su largo discurso sobre el Estatuto de Cataluña en los siguientes términos: “Vayamos pues con celeridad, pero sin acritud, con decoro, con exactitud y viendo bien qué es lo que hoy en su profundo corazón múltiple desea el país que hagamos, en este gran paso del Estatuto que tenemos delante...”.

La calidad ética, el deseo del bien de la sociedad toda y la altura en la discusión de antaño, contrastan brutalmente —por desgracia— con aquello a lo que nos tienen acostumbrados estos días los representantes de la derecha, interesados únicamente en deslegitimar al Gobierno constitucional de la nación.

El fin que persiguen es claro: la vuelta del PP —como conglomerado de intereses reaccionarios— cuanto antes al poder, a cualquier precio. Tuvimos la osadía de echarles del poder con las armas de la verdad y la libertad... Asimismo, contrasta el uso de las organizaciones. La actual derecha tiene en el PP una herramienta para el mantenimiento de privilegios. Ortega disuelve el año siguiente, 1932, su Agrupación al Servicio de la República.

Alfredo Carralero Vázquez

 

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